El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por el portavoz municipal de VOX en Estepona, Manuel Aguilar, contra el acuerdo plenario que aprobó la ordenanza reguladora de la tasa de basura, y ha condenado al recurrente al pago de las costas procesales.
Según ha informado el Ayuntamiento de Estepona, la resolución judicial avala la actuación del Consistorio al considerar ajustada a derecho la adaptación de la ordenanza municipal a la Ley 7/2022, una normativa estatal que obliga a los municipios a repercutir en los contribuyentes el coste íntegro del servicio de recogida, depósito y tratamiento de los residuos urbanos.
Desde el equipo de gobierno municipal sostienen que la implantación de esta tasa no respondió a una decisión política del Ayuntamiento, sino al cumplimiento de una obligación impuesta por la legislación aprobada por el Gobierno central, que afecta a todos los municipios españoles.
El Ayuntamiento defiende que actuó conforme a la ley
El Consistorio considera que la resolución del TSJA confirma que la aplicación de la tasa se realizó dentro del marco legal y que desmonta la estrategia de confrontación mantenida por el grupo municipal VOX respecto a esta medida.
Asimismo, recuerda que desde el inicio del proceso trasladó que el denominado «tasazo» venía impuesto por la normativa estatal y que los ayuntamientos estaban obligados a trasladar a los usuarios el coste efectivo del servicio de recogida y tratamiento de residuos.
Bonificaciones para reducir el impacto de la tasa
El Ayuntamiento destaca que, paralelamente a la implantación de la tasa, aprobó diferentes medidas para aliviar su impacto económico sobre los vecinos.
Entre ellas figura una reducción del 3% para los recibos domiciliados que se abonen dentro del periodo voluntario, así como otra bonificación del 3% para quienes utilicen el punto limpio al menos tres veces al año.
Además, el Consistorio señala que destina 150.000 euros anuales a bonificar esta tasa a vecinos en situación de vulnerabilidad, desempleados de larga duración y jubilados.
Reclamación de una financiación local más justa
El Ayuntamiento asegura que continuará actuando «con responsabilidad, rigor y respeto a la legalidad», defendiendo los intereses de los vecinos y garantizando la prestación de los servicios públicos municipales.
Al mismo tiempo, mantiene su reclamación al Gobierno central, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para reclamar una financiación local más justa y medidas que eviten trasladar una mayor carga económica a la ciudadanía.
