La Ley de Bienestar Animal, que pretendía entrar en vigor el próximo 29 de septiembre, queda aplazada al estar el Gobierno de España en funciones. Así lo ha confirmado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Protección del Animal, que remitió hace unos días una nota informativa confirmando esta situación.
Esta nueva norma, en la que destacaba la obligación de contratar un seguro para todas las razas de perros y la realización de cursillos formativos para los nuevos propietarios, fue aprobada por el Congreso en marzo pero todavía no se ha podido aprobar en el Consejo de Ministros. Estos puntos quedarán temporalmente sin ejecución.
«En puridad de términos jurídicos, no resulta efectivamente aplicable hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de dicho precepto, de conformidad con lo dispuesto en el mismo», recoge el texto enviado por el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres.
Por otra parte, la nota también destaca que el aplazamiento en la aplicación de parte de la Ley 7/2023 de ámbito nacional, en concreto sobre la obligación de contratar un seguro para todas las razas de perros, ya resulta de obligado cumplimiento en algunas comunidades autónomas.
«Se deberá atender a lo recogido sobre esta materia en las normativas autonómicas y locales que ya establecen, en algunos casos, la obligatoriedad de disponer seguro de responsabilidad civil por tenencia de perros«, añade el comunicado del ministerio de Ione Belarra.
Así funciona el seguro de perros
Esta nueva póliza deberá cubrir una serie de daños físicos y materiales que pueda general el animal. Como por ejemplo, proteger a los dueños y a las mascotas de mordeduras de otros perros, defensa jurídica del afectado y también proteger al poseedor ocasional de la mascota en caso de que el accidente no se diese si no es el propietario del mismo o titular del seguro.
El precio varía según la compañía en la que contrates el seguro, pero oscila entre los 30 y los 80 euros anuales, tal y como recoge El Mundo. No obstante, algunos factores pueden incrementar el precio notablemente. Estos pueden ser la edad, el tamaño del animal e incluso la salud de la mascota.
Si se trata de razas de perros potencialmente peligrosas, el coste puede llegar a duplicarse. Si el animal no dispone de seguro, el dueño del perro podrá ser sancionado con multas de 500 a 10.000 euros, según el texto aprobado en el Congreso. El coste variará en función de la gravedad del caso.
