El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que el Gobierno liberará los peajes de la autopista AP-7 que circunvala Alicante, una decisión que busca aliviar el tráfico y reducir la siniestralidad en la región. Sin embargo, esta medida no se extenderá a la Costa del Sol, donde los ayuntamientos, la Diputación de Málaga y el Partido Popular han pedido insistentemente la misma solución para la AP-7 que atraviesa Marbella.
Durante una conferencia en el Foro Alicante del diario Información, Puente explicó que el Ministerio de Transportes ya está estudiando la gratuidad de la AP-7 en Alicante. Mientras tanto, las solicitudes similares para la Costa del Sol han sido rechazadas. La AP-7 en Málaga enfrenta problemas similares a los de Alicante, con una intensidad media diaria de 100.000 vehículos y numerosos puntos conflictivos que provocan accidentes. La autopista de Málaga es más larga (82,7 kilómetros solo hasta San Pedro Alcántara) y sus tarifas son significativamente más altas, oscilando entre 5,25 y 8,60 euros dependiendo de la temporada.
Las autovías públicas que ambas autopistas sirven como alternativa comparten problemas de tráfico y accidentes, pero difieren en extensión y coste. En Alicante, la AP-7 tiene 33 kilómetros y cuesta 1,40 euros para turismos. En Málaga, la mayor extensión y los peajes más altos agravan los problemas de movilidad y costos para los conductores.
En Alicante, la liberación de la AP-7 es una medida temporal hasta que se complete el proyecto del tercer carril de la circunvalación A-70, un proyecto a largo plazo con un coste de 400 millones de euros. En Málaga, la petición de liberar la autopista también busca mejorar la movilidad mientras se proyecta y acomete el largamente demandado Tren Litoral, una iniciativa mucho más ambiciosa y costosa.
