La Fiscalía Anticorrupción mantiene la acusación contra 37 procesados en el caso Astapa, que investiga una presunta trama de corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona que supuestamente funcionó en el Consistorio entre 2003 y 2008, durante el gobierno PSOE-PES.
En su escrito definitivo, el Ministerio Público rebaja su petición de pena de prisión para el exalcalde Antonio Barrientos (PSOE), para quien ahora solicita dos años en lugar de los 10 años y 9 meses iniciales.
El caso se instruye en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga y llegó a tener más de 100 acusados, pero con el paso del tiempo se ha ido desinflando. Tras 16 años de investigación, en enero de 2023 comenzó el juicio con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista.
El fiscal solicitaba entonces para el exregidor una pena de diez años y nueve meses de prisión e inhabilitación para empleo público por 38 años, y multa por un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, por otro de cohecho, por prevaricación y tráfico de influencias.
Ahora, en sus conclusiones definitivas, el fiscal mantiene para Barrientos las acusaciones excepto tráfico de influencias, pero rebaja considerablemente la petición por cada delito hasta un total de dos años de cárcel y nueve años y tres meses de inhabilitación para cargo público.
La acusación pública sostiene, como ya hizo en su primer escrito, que se han producido dilaciones indebidas en este procedimiento, que considera «extraordinarias», por lo que insta a que se aplique esta circunstancia que atenúa la pena en dos grados.
Asimismo, retira toda petición de indemnización tras haberse retirado como acusación el Ayuntamiento de Estepona, que se ha reservado la posibilidad de ejercer acciones civiles en su caso y «no haber más perjudicados» en esta causa.
En el caso Astapa están procesados otros exresponsables municipales, empresarios y funcionarios. En sus conclusiones definitivas, Anticorrupción pide la absolución de nueve personas para las que retira la acusación y rebaja las penas solicitadas para el resto de acusados.
Las penas solicitadas oscilan entre el pago de una multa y dos años y medio de cárcel. Entre los acusados figuran el exconcejal de Hacienda Manuel Reina, que llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, y el que fuera jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores. En cuanto a las multas, las cuantías también han bajado, pasando, por ejemplo, en el caso del exalcalde, de un millón a 40.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido que los procesados, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios» para «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» y también presuntamente para beneficio propio.
Para ello, y según la acusación, se habrían servido de una supuesta «Caja B» con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», donaciones o patrocinios de actividades, con el fin de «eludir controles»; y de supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».
Ahora, en su escrito definitivo, matiza respecto a determinados convenios que en el juicio «no se ha probado que en la negociación de tales acuerdos los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al del municipio», ni tampoco «que tuvieran causa ilícita» las aportaciones de algunas empresas para eventos deportivos o musicales.
