Funcionarios de la Agencia Tributaria en Andalucía y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desmantelado una organización criminal dedicada a la defraudación del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. La operación, denominada ‘Backmobile’, ha permitido detener a 15 personas y ha sacado a la luz un entramado empresarial con actividad desde 2019, cuyo fraude podría superar los 20 millones de euros.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, se ha saldado con 23 registros en distintos puntos del país, con un total de nueve en la provincia de Málaga, cuatro en Valencia, tres en Sevilla, tres en Madrid, dos en Cádiz y dos en Barcelona. En esta fase se han detenido 15 individuos, repartidos entre Málaga (5), Valencia (5), Madrid (2), y uno en Sevilla, Cádiz y Barcelona.
Entre el material incautado figuran 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos listos para su comercialización, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptodivisas y un total de 75 vehículos. Además, se han bloqueado 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias, utilizadas para canalizar los beneficios obtenidos de manera ilícita.
La red operaba a través de más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas de telefonía móvil, repartidas por todo el territorio nacional. Este entramado empresarial permitía evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) mediante diversas técnicas fraudulentas. Parte de su operativa se basaba en la adquisición de terminales móviles importados o comprados en grandes superficies aprovechando promociones, con el objetivo de revenderlos más tarde a precios por debajo del mercado.
Uno de los métodos más llamativos utilizados por la organización era la simulación de envíos de mercancía mediante paquetería falsa. En lugar de enviar los dispositivos reales, los paquetes contenían madera o botellas de agua, con un peso idéntico al de los móviles que figuraban en las facturas. Esta maniobra dificultaba la trazabilidad de la mercancía y justificaba reventas ficticias entre distintas sociedades del entramado.
Posteriormente, los dispositivos eran vendidos como reacondicionados tanto a consumidores nacionales, aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU), como en otros países europeos mediante plataformas de comercio electrónico.
Gracias a estos esquemas de evasión fiscal, la organización conseguía comercializar grandes volúmenes de móviles a precios reducidos, lo que les permitía dominar el mercado y obtener elevados beneficios. Estos beneficios eran posteriormente reinvertidos en la adquisición de inmuebles repartidos por toda España.
La operación, fruto de un minucioso análisis económico y patrimonial, ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía y el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Guardia Civil. Las autoridades subrayan que se trata de una de las operaciones más importantes contra el fraude en el ámbito de la telefonía móvil llevadas a cabo en los últimos años.
