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La situación de las 39 familias del barrio del Calvario ha sufrido un nuevo y crítico revés tras la ruptura, en el último día del plazo, del compromiso alcanzado entre la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y el Ayuntamiento de Torremolinos. Así lo han confirmado los propios vecinos, quienes aseguran sentirse “engañados y abandonados” tras semanas de negociaciones y promesas institucionales.
Un giro de última hora
Según relatan los afectados, el anuncio se produjo el pasado 22 de abril, día en que finalizaba el plazo para formalizar la cesión de las viviendas a terceros. Fue en ese mismo momento cuando la Sareb comunicó su retirada del acuerdo, alegando presiones legales por parte de los adjudicatarios interesados.
“Nos dijeron que había un compromiso con el Ayuntamiento para no ceder los pisos y el último día nos avisan de que no. Nos sentimos utilizados para ganar tiempo y mantenernos callados mientras se cerraba la operación con un tercero”, lamenta Jimena, portavoz de los vecinos.
Cesiones por debajo del valor real
Las familias afectadas han denunciado públicamente que las viviendas se estarían traspasando a un único adjudicatario por un valor muy inferior al real. Según datos manejados por su asesor legal, el valor catastral total ronda los 3,6 millones de euros, mientras que la Sareb habría cerrado la operación por 2,8 millones.
“Nos están echando de nuestras casas para regalárselas a fondos buitre. Y lo hacen sin transparencia, ni respeto, ni ética”, añade otra vecina. Los afectados sospechan que esta venta podría beneficiar a intereses económicos concretos en detrimento del supuesto objetivo social que proclama la Sareb en su propia web corporativa.
“Nos sentimos traicionados también por el Estado”
José Luis, otro vecino afectado, recuerda que la Sareb es una sociedad participada mayoritariamente por el Estado español. “Nos están echando a la calle desde una entidad pública. Esto es una vergüenza. Yo pago 800 euros al mes de mi pensión al Estado. ¿Para esto?”.
El malestar se extiende también al plano judicial. Los residentes critican que no se les notificó oficialmente la resolución del auto judicial del 8 de enero de 2024, lo cual, aseguran, les dejó indefensos ante la subasta de los inmuebles. Algunos incluso creen que la falta de información fue intencionada, para evitar que pudieran competir en igualdad de condiciones frente a los fondos inversores.
Incertidumbre total y sin alternativa habitacional
A pesar de que todavía no se han fijado nuevas fechas para los desalojos, los vecinos temen que el proceso pueda reactivarse en cualquier momento, dejando a las 39 familias sin un techo ni alternativa habitacional clara.
Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Margarita del Cid ha expresado su malestar por lo sucedido, confirmando que también se enteró de la ruptura del acuerdo el mismo día 22. “Se han reído del Ayuntamiento igual que de nosotros”, declaran los vecinos.
La regidora ha anunciado que solicitará una reunión de alto nivel con los máximos responsables de la Sareb en Madrid para intentar frenar la situación. A su vez, varios partidos políticos han mostrado su intención de llevar el caso al Congreso de los Diputados y al Gobierno andaluz.
