La Junta de Andalucía ha decretado el cierre de una residencia privada en Málaga capital después de que la inspección de los Servicios Sociales detectara varias irregularidades graves que ponían en riesgo la salud y bienestar de los residentes. La instalación, que había estado operando durante más de diez años sin licencia de apertura, no cumplía con los requisitos de habitabilidad y vulneraba las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para su funcionamiento.
La decisión de clausurar la residencia fue tomada tras una exhaustiva investigación por parte de la delegación territorial de Málaga. Los ancianos que residían en el centro fueron reubicados en otras instalaciones tras el cierre decretado. La residencia carecía de los requisitos fundamentales de seguridad y dignidad para las personas mayores, lo que llevó a una investigación por parte de las autoridades competentes.
Los inspectores encontraron una serie de condiciones inhumanas en el centro, que incluían paredes llenas de humedades, excrementos en diversas estancias, suelos hundidos, colchones manchados de orina, y roturas de barandillas, entre otros desperfectos. Estas condiciones evidencian una total falta de mantenimiento y respeto hacia los residentes. La solería de la ducha también estaba levantada, lo que constituía un claro peligro para la seguridad de los ancianos.
Uno de los propietarios del inmueble, que tenía alquilado el local, sufrió un desmayo al ingresar a la finca al ver la magnitud de los daños. El abogado que representa a los propietarios, Andrés Francisco Pérez Plaza, en declaraciones a EFE, calificó la situación como una «residencia de los horrores», haciendo referencia a las deplorables condiciones en las que se encontraba el lugar.
Deuda y Extorsión: Un Conflicto Adicional
Además de las condiciones insalubres, el propietario de la finca denunció que las inquilinas responsables de la explotación del centro dejarían una deuda de 84.458,75 euros. A medida que la deuda iba creciendo, los propietarios intentaron vender la propiedad para poder cubrir sus gastos y la hipoteca. Sin embargo, las inquilinas exigieron dinero para abandonar el inmueble y amenazaron con destrozar la propiedad si no se cumplían sus demandas.
El abogado de los propietarios aseguró que no cedieron a la extorsión de las inquilinas, y con la ayuda de un detective privado pudieron corroborar que, tras la orden de cierre de la Junta, las responsables estaban trasladando pertenencias a una nueva residencia en Torremolinos.
