Este viernes 8 de noviembre, a las 11:00 horas, la Sala que ha juzgado el conocido caso ‘Astapa’, referente a la presunta corrupción política y urbanística en Estepona, hará público el fallo de la sentencia. Un juicio que ha acaparado la atención pública durante más de un año y medio, y que ha sido el último capítulo de una investigación que comenzó en 2007.
En este proceso judicial, casi 50 acusados fueron citados inicialmente, entre ellos el exalcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, quien se enfrenta a acusaciones graves que incluyen falsedad, fraude, malversación, cohecho y prevaricación. Sin embargo, el número de acusados se ha reducido a 37, ya que algunos procesos fueron sobreseídos y la Fiscalía retiró su acusación contra nueve personas.
El caso, que se inició con investigaciones sobre supuestas irregularidades urbanísticas y la creación de una ‘Caja B’ para financiar actividades políticas a través de donaciones de promotores, ha sido uno de los más complejos en la historia reciente de la Costa del Sol. Aunque las acusaciones iniciales apuntaban a un entramado de corrupción con fines políticos y personales, durante el juicio no se ha podido probar con contundencia la existencia de ciertos hechos, como el origen de las donaciones o las supuestas irregularidades en convenios urbanísticos.
A lo largo de las vistas, se produjo la anulación de las escuchas telefónicas clave en la investigación, lo que complicó la capacidad probatoria de la acusación. La Fiscalía ha rebajado significativamente las penas solicitadas en su escrito final, reconociendo que las dilaciones del proceso judicial durante tantos años han tenido un impacto considerable en la acumulación de pruebas.
El exalcalde Barrientos, que siempre ha defendido su inocencia, se enfrenta ahora a una solicitud de pena mucho menor, de tan solo dos años de prisión, en lugar de los diez años que inicialmente se pedían. Asimismo, la multa de un millón de euros se ha reducido a 40.000 euros. Además, la acusación pública ha retirado cualquier petición de indemnización al Ayuntamiento de Estepona, que se ha apartado de la acusación, reservándose su derecho a emprender acciones civiles en el futuro.
El juicio ha expuesto las tensiones entre la Fiscalía y las defensas, que han cuestionado tanto la legalidad de la investigación como la vinculación de algunas de las pruebas con agentes fuera de control judicial. En especial, las defensas del exalcalde han señalado los supuestos contactos previos a la denuncia entre los denunciantes y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, lo que, según argumentan, cuestiona la imparcialidad del proceso.
Ahora, a la espera de que se dicte sentencia, el caso ‘Astapa’ pone en evidencia no solo las prácticas corruptas presuntamente cometidas durante los años en que Barrientos dirigió el municipio, sino también la dificultad de las investigaciones que se alargan durante más de una década. En este contexto, el exalcalde ha expresado su total confianza en la justicia, subrayando su firme creencia de haber actuado siempre «en defensa de lo público». El desenlace, que se conocerá el viernes, pondrá fin a un largo proceso que ha marcado la historia reciente de Estepona y su gestión urbanística.
