En total, 46 personas están siendo investigadas en la provincia de Málaga por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo. Entre ellos, promotores, constructores y técnicos directores, tal y como ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, operación a la que han denominado Murus. La mayoría vinculados a la construcción de viviendas en suelo rústico y la instalación de piscinas ilegales, enmascaradas como albercas de riego.
La investigación se ha llevado a cabo durante el año 2023 por la Guardia Civil de Málaga del Seprona (Servicio de Protección de la Naturalezsa), bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.
Operación que se puso en marcha por los delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, para proteger el medio ambiente, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje, así como para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincial, tal y como ha indicado la Guardia Civil.
Durante la investigación se ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como de los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la ilegalidad de las construcciones y edificaciones.
Municipios de la Costa del Sol
El Seprona ha realizado 179 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, y ha llegado a poner 192 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística.
De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo han destacado, entre otros, la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos, la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales, la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego, la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial, entre otras.
Los agentes observaron la supuesta comisión de 30 delitos urbanísticos en las poblaciones de Mijas, Casares, Estepona, Manilva, Torremolinos, además de Ronda, Ojén, Coín, Pizarra, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Alozaina, Canillas de Aceituno, Rincón de la Victoria, Tolox y Competa.
Las diligencias instruidas por estos delitos han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.
