El Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila está investigando a varios empleados de la prisión de mujeres de Brieva, en la provincia de Ávila, por un presunto delito de cohecho. La investigación, que ya lleva casi un año en curso, se centra en las sospechas de que Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de Gabriel Cruz en 2019, habría mantenido relaciones sexuales con algunos funcionarios y con el cocinero del centro, a cambio de un teléfono móvil.
El móvil, facilitado por los empleados, habría sido utilizado por Quezada para grabar estos encuentros en su celda. Las grabaciones, según las investigaciones, incluyen imágenes de los trabajadores involucrados. Tras ser entregado el teléfono, este dispositivo estaría actualmente en manos de la pareja de la condenada, quien supuestamente estaría a cargo de las grabaciones.
La directora del centro penitenciario, Laura Pérez, confirmó que tuvo conocimiento de la situación a través de un educador. En el informe, se menciona que Quezada habría declarado tener en su poder un teléfono móvil con grabaciones comprometedores que involucran a algunos de los empleados de la prisión.
La denuncia de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, fue quien alertó sobre el uso indebido del teléfono por parte de Quezada. Según Ramírez, la condenada habría usado el dispositivo no solo para grabar a los empleados, sino también para interactuar con medios de comunicación y con una productora interesada en realizar un documental sobre su crimen.
Además, Patricia Ramírez ha convocado una rueda de prensa para este miércoles 7 de mayo en Almería, donde denunciará lo que considera una falta de protección institucional y las irregularidades judiciales relacionadas con el caso. En dicha comparecencia, la madre de Gabriel Cruz hablará también sobre la posible vulneración de derechos de la víctima, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Víctima y la normativa europea. A su vez, Ramírez expone cómo estas irregularidades afectan la integridad moral de su familia.
La denuncia de Patricia Ramírez también incluye la crítica a un intento de contrato de documental que Quezada habría negociado a pesar de las restricciones impuestas por la prisión. La madre del niño asesinado ha expresado su rechazo al uso mediático del crimen, especialmente cuando se busca obtener beneficios económicos derivados del mismo, lo cual considera una falta de respeto hacia la memoria de su hijo.
El caso de Gabriel Cruz, cuya desaparición en febrero de 2018 conmocionó a toda España, sigue siendo un tema de debate y dolor para la familia. Tras el hallazgo del cuerpo del niño y la confesión de Ana Julia Quezada, quien lo mató con alevosía, la condena de la mujer fue severa, con una prisión permanente revisable. Este caso ha dejado un profundo impacto en la opinión pública, alimentando además el debate sobre el tratamiento de los crímenes en los medios y el respeto a las víctimas.
