Las 72 familias de la promoción ALMA, en Estepona, continúan pendientes de una solución al problema de suministro eléctrico que afecta al edificio. La situación ha terminado en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que deberá pronunciarse sobre el conflicto de acceso planteado en torno al desarrollo urbanístico del sector La Calera.
El caso ha adquirido especial relevancia al tratarse de un edificio ya finalizado y vendido, pero que sigue sin contar con la conexión eléctrica definitiva. En este escenario, tanto e-distribución, filial de redes de Endesa, como el Ayuntamiento de Estepona han expuesto públicamente su posición sobre lo ocurrido y sobre las posibles fórmulas para tratar de desbloquear la situación.
Según la versión trasladada por e-distribución, la compañía actúa dentro de una actividad estrictamente regulada y sometida a la supervisión de los organismos competentes, en este caso la CNMC. La distribuidora sostiene que cualquier solicitud de acceso y conexión a la red debe tramitarse conforme a la normativa del sector eléctrico, con arreglo a criterios de objetividad, transparencia y no discriminación, además de garantizar la seguridad de la red y la calidad del suministro.
En este sentido, la empresa explica que la propuesta de dar suministro únicamente a la zona donde se ubica el edificio ALMA, mediante una solución basada en el faseado del sector urbanístico, ha sido elevada al regulador para que determine si puede encajar en la normativa vigente. A juicio de e-distribución, esa posibilidad podría tener viabilidad desde el punto de vista urbanístico, pero no en el plano de la regulación eléctrica, al entender que supondría una solicitud fragmentada que podría comprometer el funcionamiento de la red. La compañía asegura, no obstante, que acatará el criterio que establezca la CNMC cuando se pronuncie.
Además, la distribuidora sostiene que la promoción fue construida, finalizada y comercializada sin disponer previamente del correspondiente permiso de acceso y conexión, un trámite que considera previo e imprescindible para obtener suministro eléctrico definitivo. En relación con los antecedentes del expediente, la empresa afirma que las gestiones iniciadas en 2021 no llegaron a completarse al no haberse aportado toda la documentación exigida, por lo que, según su interpretación, no adquirieron validez efectiva ni prioridad jurídica.
Siempre según la información facilitada por la compañía, la única solicitud formal y completa sería la presentada en diciembre de 2024 para el desarrollo urbanístico de La Calera en su conjunto. Esa petición habría quedado después suspendida por la situación crítica de capacidad de la red en la zona.
En paralelo, la situación general de la red en la Costa del Sol aparece como uno de los factores de fondo. De acuerdo con la información trasladada, desde 2024 no existiría capacidad disponible para atender determinadas nuevas demandas de gran potencia en la zona, en un escenario vinculado a la paralización de una infraestructura pendiente de REE que afecta a la red y a la futura alimentación de subestaciones.
Frente a esta posición, el Ayuntamiento de Estepona sostiene que ha ofrecido a Endesa varias alternativas para tratar de resolver el problema que afecta al edificio ALMA. Según explica el Consistorio, el último planteamiento trasladado a la compañía consistía en conceder conexión eléctrica únicamente a la fase 1 del proyecto de urbanización del sector La Calera, es decir, al ámbito concreto donde se encuentra la promoción ya terminada.
De acuerdo con esta versión, el Ayuntamiento estaba dispuesto a tramitar el correspondiente faseo urbanístico del proyecto para que el acceso eléctrico se fuese concediendo conforme avanzasen nuevas promociones dentro del sector. A juicio del Consistorio, esta fórmula permitiría reducir de forma notable la potencia eléctrica necesaria en este momento y garantizaría el suministro al único edificio que, según señala, se encuentra finalizado y pendiente de luz.
El Ayuntamiento añade que, con anterioridad, también llegó a plantear otra alternativa basada en la cesión de potencia reservada para otros sectores aún no desarrollados, una opción que, según su relato, tampoco fue aceptada por la compañía eléctrica. Ante esta situación, y con el objetivo de seguir respaldando a los vecinos afectados, el Consistorio ha presentado un escrito ante la CNMC solicitando que se desbloquee el caso. Según indica, ese escrito aún no ha obtenido respuesta.
En su exposición, el Ayuntamiento de Estepona defiende además que ha actuado con diligencia desde el inicio de este desarrollo urbanístico y que toda la tramitación se ha llevado a cabo conforme a lo previsto en la legislación vigente. El Consistorio asegura que ha procedido de una manera escrupulosa y responsable, del mismo modo que en el resto de desarrollos urbanísticos ejecutados en la ciudad desde 2011.
La administración local sostiene, asimismo, que los propietarios del edificio ALMA no deberían verse perjudicados por lo que considera un problema de mayor alcance relacionado con la capacidad de suministro eléctrico para nuevas promociones residenciales. En ese sentido, apunta que distintos ayuntamientos y asociaciones vinculadas al sector de la construcción vienen alertando de la dificultad existente para garantizar electricidad a nuevos desarrollos pendientes de ejecución en distintos puntos del país.
Con ambas posiciones ya sobre la mesa, el conflicto sigue a la espera de la respuesta del regulador. La resolución que adopte la CNMC será determinante para saber si puede abrirse una vía excepcional que permita adelantar el suministro al edificio Alma o si, por el contrario, la solución deberá esperar a una mejora estructural de la red y al avance de las infraestructuras pendientes.
Por ahora, el caso mantiene en vilo a las 72 familias afectadas y deja al descubierto la complejidad técnica, urbanística y administrativa que rodea a los procedimientos de acceso y conexión eléctrica en zonas con problemas de capacidad. Mientras no haya una resolución formal, el edificio ALMA seguirá pendiente de una salida que permita poner fin a una situación que se ha convertido en uno de los asuntos urbanísticos y de servicios más delicados del momento en Estepona.
