El Ayuntamiento de Torremolinos ha anunciado hoy, miércoles 16 de abril, que no permitirá el uso ni la actividad alguna en la antigua residencia Miratorre, tras detectar que el edificio carece de licencia de primera ocupación y de otros permisos esenciales. El Consistorio ha calificado como “irresponsable” cualquier intento de alojar personas en el inmueble sin cumplir con los requisitos legales vigentes.
El edificio había sido propuesto como lugar de alojamiento para 150 de los 600 migrantes trasladados en enero desde Canarias a Estepona, en el marco de un plan de distribución impulsado por el Gobierno central. Sin embargo, las graves deficiencias detectadas impiden cualquier uso habitacional de forma legal y segura.
Actualmente, el inmueble no cuenta con licencias de actividad, ni con certificados básicos de seguridad, como la prevención de incendios o la garantía del circuito interno de agua. Esta situación pone en riesgo la integridad física de cualquier persona que pueda ser alojada en él, según ha advertido el equipo de gobierno local.
Documentación incompleta y caducada
El propietario del inmueble presentó la documentación final de obra de 2013, pero esta se encuentra sin visar y firmada por un arquitecto distinto al que dirigió la obra original, ya fallecido. Además, no existe constancia de que en su momento se emitiera una licencia de primera ocupación, lo que caduca automáticamente cualquier trámite administrativo posterior.
Por otro lado, los documentos aportados en fechas recientes (abril de 2025) no acreditan si existía dicha licencia al finalizar la reforma hace más de doce años. Asimismo, no se han presentado certificaciones de empresas suministradoras, lo que impide garantizar servicios esenciales como el agua o la electricidad.
Falta de estudios técnicos e impago de tasas
Otro de los aspectos que ha llevado al Ayuntamiento a inadmitir la solicitud de inicio de actividad vía declaración responsable es la ausencia de un informe acústico válido, ya que el documento aportado fue elaborado por un arquitecto, y no por un laboratorio especializado, tal como exige la normativa vigente.
Tampoco se han abonado las tasas correspondientes que permitirían iniciar la tramitación legal de dicha declaración.
Irregularidades en la normativa contra incendios
En materia de Actividades Comerciales, el promotor no ha aportado el informe de cumplimiento de normativa contra incendios, ni ha presentado un proyecto de instalación visado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Esta falta de documentación impide avanzar hacia otros pasos administrativos imprescindibles, como el certificado de dirección técnica de las instalaciones.
El Ayuntamiento lamenta que, ante todos estos incumplimientos, el empresario haya optado por aludir a una supuesta motivación xenófoba en lugar de atender a los requisitos legales. Esta acusación será analizada por los servicios jurídicos municipales, que decidirán si es necesario tomar medidas legales.
Asimismo, el Consistorio hace un llamamiento al Gobierno de España y a las ONG y entidades colaboradoras con la integración y el alojamiento de migrantes, para que extremen la vigilancia sobre el cumplimiento de la legalidad en este tipo de procesos. Recuerda que organizaciones como Cruz Roja o CEAR gestionaban anteriormente estas funciones con solvencia, y expresa su preocupación por la falta de información sobre los nuevos actores implicados en estas tareas.
