La empresa Ritusa S.A., vinculada al grupo hotelero malagueño Fuerte Group, ha resultado adjudicataria provisionaldel derecho de superficie de la antigua Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga). La decisión se ha adoptado tras la apertura de las ofertas económicas por parte de la mesa de contratación de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.
De acuerdo con la información facilitada por la propia Consejería, la propuesta de Ritusa ha sido la más elevada de las dos presentadas, con un canon anual de 5.025.000 euros, que se abonará a la Junta de Andalucía durante un periodo de 75 años, tal como recoge el pliego de condiciones. Una vez se formalice el contrato, el proyecto podrá comenzar su desarrollo.
La consejera de Economía, Carolina España, ha puesto en valor que esta cantidad supera ampliamente la previsión inicial, que se situaba en cuatro millones de euros al año, y ha indicado que los ingresos obtenidos se destinarán a financiar servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o las infraestructuras viarias.
España ha defendido que mantener sin uso una parcela y un edificio de estas características no tenía sentido, teniendo en cuenta los costes anuales de conservación. En este sentido, ha señalado que la gestión por parte de un operador profesional permitirá reactivar el espacio, crear empleo y generar riqueza tanto en Marbella como en el conjunto de la provincia y de Andalucía.
Asimismo, la consejera ha recordado que ya existe un caso similar en Cádiz, donde una antigua Residencia de Tiempo Libre fue reconvertida en un complejo hotelero y comercial de cuatro estrellas por la empresa Q-Hotels, que actualmente da trabajo a cerca de 500 personas.
Titularidad pública y protección del patrimonio
El modelo escogido para esta operación garantiza que la propiedad del inmueble seguirá siendo pública, en manos de la Junta de Andalucía. Para ello, los pliegos incorporan una serie de obligaciones destinadas a asegurar tanto el correcto desarrollo del proyecto como la conservación del patrimonio histórico andaluz.
Entre estas condiciones figura el cumplimiento estricto de la normativa de protección del Patrimonio Histórico Andaluz, cuyo incumplimiento conllevaría la extinción automática del contrato. El expediente cuenta, además, con un estudio de investigación elaborado por el departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica, así como con el informe favorable de la Delegación Territorial de Cultura en Málaga.
El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de tres años para poner el complejo en funcionamiento y no podrá transmitir el derecho de superficie ni el control de la sociedad hasta haber cumplido con el compromiso de inversión: al menos 50 millones de euros durante los primeros 15 años.
Superficie y contexto
El complejo se sitúa junto a la Autovía del Mediterráneo y ocupa una parcela de casi 197.502 metros cuadrados, con una superficie construida de 23.395 metros cuadrados. Además, está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, lo que obliga a que cualquier intervención sea plenamente respetuosa con esta catalogación.
Desde el Gobierno andaluz se ha recordado que el uso social de este tipo de residencias había caído de forma notable en los últimos años. En 2022, solo el 0,22% de la población andaluza utilizó estas instalaciones, mientras que su mantenimiento continuaba generando pérdidas económicas relevantes.
Entre 2015 y 2023, estas residencias supusieron para la Hacienda Pública andaluza más de 123 millones de euros en pérdidas, una situación que llevó al Consejo de Gobierno, en noviembre de 2023, a iniciar los trámites para suprimir este servicio y proceder a la reordenación del personal conforme a la normativa vigente.
