El IES Mar de Alborán de Estepona ha vivido hoy una jornada de huelga convocada por la CGT para exigir a la Administración la paralización del curso «hasta que la transmisión del virus se reduzca hasta los umbrales aconsejados por la OMS y la propia Consejería de Salud», o bien que se garanticen medidas de seguridad suficientes para alumnos y personal.
Los convocantes denuncian que en las aulas de 2º de ESO se superan las ratios establecidas por la Administración, y en las de 1º de ESO el límite del Ministerio, pese al «gran esfuerzo» del equipo directivo por conseguir la mayor seguridad posible para el alumnado y el profesorado.
Dado que el instituto carece de más espacios, el claustro de profesores propuso la «enseñanza sincrónica» que simultaneaba las clases presenciales con la mitad del alumnado, mientras que la otra (3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) permanece en casa conectado a clases virtuales.
Los docentes consideran que la administración «no está facilitando los recursos que necesitamos», por lo que 72 profesores firmaron una carta dirigida al consejero, solicitando el aplazamiento del curso escolar presencial hasta que se aplicaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales.
Ahora exigen la paralización del mismo hasta que se reduzca la pandemia o se tomen las medidas necesarias. También critican que la Consejería de Educación «no contempla medidas de flexibilización» salvo que las adopten los propios centros, y en ese caso «se les niegan los recursos necesarios para ello».
También piden un plan de colaboración con los ayuntamientos para utilizar dependencias municipales para ampliar los espacios educativos, personal sanitario fijo en los centros educativos para supervisar posibles contagios en salas de aislamiento, dotar de medios de protección al personal docente, y garantizar el sueldo de padres y madres que atiendan a sus hijos en cuarentena.
En definitiva, exigen «que no se nos obligue a ejercer la docencia presencialmente si no se cumplen los mínimos requisitos», y que la Administración «nos facilite los recursos» para poder impartir clase de forma segura.
