La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA Málaga) ha denunciado la falta de transparencia y consenso en la instalación de un nuevo parque fotovoltaico en el término municipal de Teba. La organización agraria destaca que, si bien estos proyectos suelen desarrollarse con el acuerdo de los propietarios y cumpliendo todas las normativas ambientales, en esta ocasión, un elevado porcentaje de la superficie afectada no cuenta con la aceptación de sus dueños.
Los propietarios perjudicados mantienen en estas tierras plantaciones de olivar joven, recientemente adquiridas y en plena producción. De llevarse a cabo el proyecto sin su consentimiento, estas explotaciones quedarían fragmentadas y sin viabilidad económica, pues el parque fotovoltaico no ocuparía toda la superficie, dejando terrenos inutilizables para la actividad agrícola.
Además, ASAJA Málaga recalca que estas fincas están ligadas a explotaciones ganaderas, cuyo modelo de valorización agronómica de residuos como abono se vería gravemente afectado. Por ello, la organización agraria no se opone a la instalación de energías renovables, pero insiste en la necesidad de diálogo y consenso previo con los agricultores.
Otro aspecto que preocupa a los agricultores es la falta de acceso a la información sobre estos proyectos. Aunque el procedimiento burocrático sigue su curso, las informaciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) no siempre son accesibles para quienes trabajan en el campo, lo que los deja en desventaja y sin posibilidad de defender sus intereses.
ASAJA Málaga también denuncia el uso de la declaración de utilidad pública como herramienta para beneficiar a empresas privadas en detrimento de los agricultores. La organización considera inaceptable que negocios activos y rentables sean desmantelados para dar paso a proyectos energéticos impuestos sin negociación efectiva.
ASAJA Málaga insta a las administraciones competentes a revisar de inmediato la declaración de utilidad pública de este parque fotovoltaico en Teba y a garantizar la protección de los derechos de los agricultores. La organización exige un proceso de negociación transparente y equitativo, donde se valoren alternativas como la instalación en terrenos menos productivos y con el acuerdo de los propietarios.
