El Congreso de los Diputados ha autorizado un acceso parcial a las actas de la comisión que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que murió en la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977 tras recibir un disparo de la Policía. Sin embargo, la decisión de la Mesa del Congreso mantiene la confidencialidad sobre los nombres de los implicados, lo que ha generado críticas por parte del grupo parlamentario Sumar.
El acuerdo adoptado por la Mesa sigue la misma línea de lo sucedido en 2017, cuando se permitió el acceso al expediente, pero con los nombres y apellidos tachados. Según la respuesta oficial del Congreso, la documentación en su versión íntegra “tiene carácter secreto” y su consulta sin anonimización solo podría ser autorizada por el órgano rector de la Cámara Baja. No obstante, la Mesa ha rechazado hacerlo, basándose en el criterio jurídico de los letrados del Congreso.
El grupo parlamentario Sumar, que solicitó el acceso completo a las actas el pasado diciembre, ha mostrado su disconformidad con la decisión. El diputado malagueño Toni Valero argumenta que, tras 47 años, los protagonistas del caso han fallecido o están fuera de servicio, por lo que considera que no se vulneran derechos al hacer públicos sus nombres.
Desde la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol (PSOE), se ha defendido que la decisión se ajusta al marco legal y a las recomendaciones de los letrados. El órgano, que cuenta con una mayoría progresista (cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar), ha votado a favor de mantener el anonimato de los testigos y personas implicadas en la investigación.
El informe del Congreso señala que la comisión de investigación sobre la muerte de García Caparrós declaró sus deliberaciones como “reservadas”, lo que impide la divulgación de los nombres de los testigos. Además, en el dictamen de la comisión figuran informes procedentes del Ministerio de Gobernación, la Comandancia de Málaga y centros sanitarios que atendieron a los heridos. Según el escrito, para hacer públicos estos documentos se necesitaría el permiso de las entidades que los redactaron.
La documentación policial sobre el asesinato recoge que, tras la manifestación en Málaga, se produjeron tres cargas policiales, con 32 agentes disparando al aire. Sin embargo, el disparo que mató a García Caparrós provino de un agente cuya identidad nunca ha sido desvelada oficialmente. En 2007, la secretaria judicial Rosa Burgos, en su libro Las muertes de García Caparrós, apuntó al cabo primero M. P. R., ya fallecido, como el presunto autor del disparo letal.
El debate sobre la desclasificación total del expediente sigue abierto. Mientras el Congreso defiende el deber de confidencialidad impuesto en su momento, los defensores de la transparencia consideran que la revelación de los nombres permitiría cerrar una herida histórica en Andalucía.
Por ahora, la versión desclasificada del expediente sigue siendo la misma que en 2017: casi 700 páginas con los nombres propios tachados, sin que se haya permitido conocer los nombres de los policías involucrados en las cargas que acabaron con la vida de Manuel José García Caparrós.
