La Policía Nacional cuenta desde pasado año con policías especializados en Seguridad y Protección Aérea en Málaga, y una de sus principales misiones está relacionada con el auge en el uso de los drones en diferentes ámbitos, entre ellos el lúdico o recreativo.
Estos agentes se encargan de comprobar que los vuelos, tanto profesionales como recreativos, se desarrollan cumpliendo con la normativa aeronáutica. De igual manera, tratan de detectar aquellos vuelos que incumplen la legalidad y que pueden suponer un peligro para la seguridad. Para ello cuentan con sistemas denominados Contra-UAS (C-UAS) compuestos por un dispositivo de detección capaz de revelar el vuelo de un dron en un radio de unos cinco kilómetros y un dispositivo de neutralización que anula las señales de radiofrecuencia que recibe el dron.
Pese a los esfuerzos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de otras instituciones para promover la normativa sobre el uso de drones y su uso seguro, siguen detectándose vuelos, normalmente lúdicos, que incumplen la normativa aeronáutica poniendo en peligro la seguridad del resto de aeronaves tripuladas que hacen uso del espacio aéreo, así como de personas y bienes.
La entrada en vigor de la nueva normativa europea de UAS (Sistema Aéreo no Tripulado) afecta a todos los drones independientemente de su uso -recreativo o profesional-, y obliga al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos a realizar antes de volar cualquier dron. El peso del dron, la presencia de personas y la cercanía a edificios, condicionan sus vuelos y los tipos de riesgo.
Por otra parte, todos los usuarios que pretendan volar un dron tienen la obligación de registrarse como “operadores” en la sede electrónica de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), y cursar una formación mínima.
Un dron no es un juguete
La Policía Nacional insiste a las personas que quieran utilizar sus vehículos aéreos que, en primer lugar, se informen a través de la web de AESA y de la web https://drones.enaire.es/ sobre la normativa y requisitos existentes. Según la legislación, las sanciones podrían acarrear multas de 60 a 4.500.000 euros dependiendo del tipo de operación.
