El sector agrario de Málaga, clave en la economía regional y nacional, está en el punto de mira tras la reciente firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur. La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visitó este jueves una explotación de cítricos en el Valle del Guadalhorce para reiterar el compromiso de la Junta de Andalucía en la defensa de los intereses de los agricultores locales.
Durante su visita a la finca de las Yeguas, de la empresa Lora Agrícola S.L., Navarro destacó que el acuerdo Mercosur supone una amenaza para el sector agrario, al no incluir cláusulas espejo que aseguren condiciones equitativas entre los productos europeos y los provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Riesgos del Acuerdo Mercosur
La delegada advirtió que este tratado permitirá la entrada masiva de productos agroalimentarios del Mercosur, que no cumplen los mismos estándares de calidad, sostenibilidad ambiental y bienestar animal exigidos en la UE. Esto, aseguró, representa una clara competencia desleal, con impacto directo en los precios locales y riesgos para la seguridad alimentaria.
Además, alertó sobre la posible pérdida de soberanía alimentaria y el impacto social negativo en el mundo rural andaluz, con un efecto multiplicador sobre la despoblación rural y las desigualdades económicas.
El peso de Málaga en el sector agrario
Málaga cuenta con más de 11.000 hectáreas de cítricos, de las cuales los municipios de Cártama y Pizarra destacan con 1.900 y 1.600 hectáreas, respectivamente. Según Navarro, el sector agroalimentario representa más del 52% de las exportaciones malagueñas, alcanzando un récord de 3.222 millones de euros en 2023. Sin embargo, la balanza comercial en productos como cereales y frutas sigue siendo negativa, con déficits de 63,8 y 39,2 millones de euros respectivamente.
“Este acuerdo podría dar un golpe letal al sector primario, afectando no solo a los agricultores y ganaderos, sino también a la balanza comercial de la región”, afirmó Navarro.
Inversiones y ayudas para paliar la crisis
El campo malagueño también enfrenta otros desafíos como la sequía y los daños provocados por las recientes DANAs. La Junta de Andalucía ha invertido más de 64,7 millones de euros en infraestructuras hídricas en el Valle del Guadalhorce y activado ayudas por 57 millones de euros para infraestructuras rurales y cultivos dañados.
La finca de Lora Agrícola S.L., ejemplo de sostenibilidad y eficiencia, demuestra que el futuro de la agricultura pasa por modelos de cultivo ecológico y certificados como GlobalGAP. Esta empresa lidera iniciativas como el proyecto GROW4LEMON, destinado a mejorar la gestión de cultivos de cítricos en Andalucía.
Reclamos a la UE
Navarro exigió al Gobierno central y a la Comisión Europea mayor transparencia, un análisis global del impacto del acuerdo y la implementación de medidas compensatorias para las regiones más afectadas. «Reclamamos garantías de autosuficiencia alimentaria y el mantenimiento del tejido social y económico de nuestras zonas rurales», subrayó.
