La Junta de Andalucía anticipará ayudas económicas a los pescadores andaluces para frenar la crisis de los costes de explotación, así lo ha afirmado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien ha avanzado que en el decreto de sequía y medidas excepcionales que aprueba mañana el Gobierno, se han incluido adelantos del cien por cien para ayudas por paradas temporales y de entre el 50 y 80% para el resto de líneas convocadas.
Unas medidas que según estipulan se adoptan para contribuir a la viabilidad del sector pesquero andaluz y «amortiguar el incremento inasumible de la energía y los combustibles».
Las paradas temporales favorecen el descanso de los caladeros y con ello la recuperación de las especies para contribuir al objetivo de alcanzar el rendimiento máximo sostenible de los recursos. «Gracias a la aprobación de este Decreto por parte del Gobierno andaluz, en las próximas ayudas que se convoquen con este motivo, los pescadores recibirán el adelanto de las cantidades en el momento de que se publique la resolución, con independencia de que la Administración continúe el procedimiento burocrático regular de estas convocatorias. El objetivo es que los pescadores cuenten con la liquidez que ofrecen estas subvenciones cuanto antes», expone la consejera.
Medidas
Estas medidas tal y como manifiesta la Junta, son fruto de la interlocución de los representantes de los pescadores y de las empresas acuícolas, que también se han beneficiado de la medida.
“Por una parte, ponemos recursos en manos del sector con los que poder hacer frente al incremento de los precios de los combustibles y la energía y, por otra, reducir cargas económicas. Es el momento de ayudar a nuestros pescadores a salir adelante”, ha remarcado Crespo, ya que más de 20.000 familias dependen de la pesca en Andalucía.
Esta nueva norma por tanto se sumaría a la decisión, ya adelantada por el propio presidente Juanma Moreno en el Parlamento, de eximir a los pescadores andañuces del pago de las tasas portuarias y pesqueras durante tres meses, «la Junta tiene muy claro que hay que facilitar la viabilidad de una actividad que es esencial para la economía y el empleo de la comunidad».
