La lucha por un techo digno en el barrio de El Calvario continúa. Tras la suspensión temporal del desahucio de Yolanda en julio, otro vecino ha denunciado irregularidades en la propuesta de alquiler social que le ha ofrecido la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con el respaldo del Ayuntamiento. La renta propuesta asciende a 1.500 euros mensuales, un coste que los afectados consideran excesivo y fuera de su alcance.
Uno de sus vecinos, asegura que se firmó el contrato reconociendo su vulnerabilidad por edad y enfermedades, pero denuncia que se trata de una falsedad documental, ya que su vivienda estaba destinada a otros residentes del edificio. “El mío tiene dos habitaciones y los demás solo una. Me dejaron fuera para dárselo a otra persona. Tengo toda la documentación que lo demuestra”, explica.
Además, el afectado critica que, pese a ser consciente de su situación, la administración no ha garantizado la transparencia en el proceso ni el cumplimiento de la ley, añade, dejando claro que no firmará el contrato ni abandonará su vivienda hasta que se esclarezca la situación.
Este nuevo episodio se suma a la lucha que comenzó con Yolanda, cuya huelga de hambre en mayo puso el foco mediático en las irregularidades de Sareb y en la precariedad de las 39 familias afectadas. Aunque la suspensión del desahucio supuso un respiro temporal, la amenaza sigue presente, y los vecinos continúan movilizados, reclamando justicia y transparencia en la asignación de los alquileres sociales.
El conflicto refleja la tensión entre las promesas de la administración y la realidad de un proceso que, según denuncian los afectados, favorece a terceros sobre quienes realmente necesitan protección. “No queremos privilegios, solo que se cumpla la ley y se nos trate como ciudadanos, no como números”, afirma el vecino, cuyo testimonio se suma a la voz colectiva que exige soluciones definitivas.
