Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torremolinos al responsable de un supermercado mayorista acusado de explotar laboralmente a migrantes en situación irregular. El arrestado, un hombre de 63 años, presuntamente se aprovechaba de la vulnerabilidad de los trabajadores para imponerles jornadas abusivas, salarios por debajo del mínimo legal y condiciones de vida indignas en las oficinas del propio establecimiento. La investigación se ha desarrollado en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Málaga.
Según informó la Policía Nacional, las víctimas –principalmente migrantes sudamericanos sin permiso de residencia ni trabajo– realizaban jornadas que llegaban hasta 70 horas semanales, muy por encima del máximo legal de 40 horas. Además, no tenían contrato, no disfrutaban de vacaciones ni festivos reglados y carecían del derecho a percibir horas extraordinarias.
El sueldo que recibían apenas alcanzaba los 900 euros mensuales, cifra inferior al salario mínimo interprofesional. A ello se sumaba que el empresario descontaba 250 euros al mes por el “alquiler” de un espacio para vivir dentro de la propia nave industrial, donde varios trabajadores dormían en colchones colocados en el suelo, sin intimidad y separando estancias con simples sábanas. El lugar carecía de condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad.
Las labores de los empleados tampoco disponían de garantías de seguridad. Algunos utilizaban maquinaria elevadora sin formación y sin el equipo de protección adecuado, como botas o casco. Además, eran vigilados constantemente mediante cámaras y estaban sujetos a multas arbitrarias, que podían alcanzar los 50 euros por motivos como ir al baño más veces de lo que el empresario consideraba adecuado o llegar unos minutos tarde.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría de Torremolinos, se inició en octubre tras recibir información sobre la posible explotación en un negocio dedicado a la venta y reparto de productos de alimentación, bebidas y droguería. El establecimiento ya había sido inspeccionado en 2023 por hechos similares, cuando se localizaron cuatro trabajadores en situación irregular.
En esta nueva intervención se identificó una plantilla de 12 empleados, de los cuales seis no tenían autorización de residencia ni trabajo en España.
Tras reunir todas las pruebas, los agentes detuvieron al responsable del supermercado por un delito contra los derechos de los trabajadores. El caso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos.
