El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga a tres acusados por introducir droga en territorio español oculta en una embarcación tipo yate, mientras que ha absuelto a un cuarto procesado tras estimar el recurso de apelación presentado por su defensa.
Según lo declarado como probado por la Audiencia de Málaga, y ahora ratificado por el TSJA, los hechos se remontan a julio de 2021, cuando una operación de Vigilancia Aduanera permitió localizar un yate de bandera británica, objeto de seguimiento por las autoridades. La embarcación había zarpado días antes del puerto deportivo de La Bajadilla en Marbella y fue detectada en la costa de Marruecos, donde permaneció durante varios días realizando una navegación irregular.
Posteriormente, al observar que el yate se dirigía hacia la costa española, y ante las claras sospechas de que pudiera transportar sustancias ilícitas, se solicitó y obtuvo autorización del Reino Unido para su abordaje en aguas internacionales, en virtud de lo establecido por la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes.
Una vez obtenida la autorización, los agentes procedieron al abordaje del yate, encontrando a bordo a dos de los acusados, cuyas condenas han sido confirmadas, junto a un tercer individuo que fue declarado en rebeldía. En el interior de la embarcación se hallaron numerosos fardos con sustancia estupefaciente.
El yate fue trasladado a un puerto próximo en la provincia de Cádiz, donde se practicó un registro judicial autorizado en presencia del acusado rebelde. En total, se incautaron 96 fardos distribuidos en camarotes y en la cubierta, ocultos bajo los aparejos, conteniendo resina de cannabis (hachís) con un peso total de 2.785 kilos.
La Audiencia concluyó que los otros dos condenados habían llevado a cabo los preparativos logísticos para introducir la partida de hachís procedente de Marruecos en las costas de la provincia de Málaga. Por ello, se les condenó por un delito contra la salud pública a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa superior a los 18 millones de euros.
