El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la plataforma Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios de viviendas turísticas que, según la Dirección General de Consumo, incumplen la normativa vigente en varias comunidades autónomas. Se trata de anuncios considerados ilegales, al no respetar los requisitos de identificación y transparencia exigidos por la legislación autonómica en materia de alojamiento turístico.
Esta medida forma parte de una ofensiva del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy contra la proliferación de pisos turísticos que operan al margen de la normativa. En todos los casos señalados, los anuncios hacen referencia a viviendas completas de uso turístico, sin incluir habitaciones individuales.
Durante los últimos meses, Consumo ha emitido tres resoluciones dirigidas a la filial irlandesa de Airbnb, en las que se notificaba la existencia de estos anuncios irregulares. La empresa recurrió judicialmente la primera resolución, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha avalado la legalidad de la actuación ministerial, ordenando a la plataforma la retirada inmediata de 5.800 anuncios.
Desde la Dirección General de Consumo se identifican tres motivos principales por los que estos anuncios vulneran la ley:
- Ausencia del número de licencia o registro: un requisito obligatorio según las normativas autonómicas.
- Falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador: no se aclara si quien ofrece la vivienda es un particular o una empresa, lo cual afecta a los derechos del consumidor.
- Uso de números de licencia falsos o incorrectos, lo que podría inducir a error al usuario.
Las irregularidades detectadas afectan a anuncios de pisos ubicados en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
El ministro Bustinduy ha manifestado su intención de seguir colaborando con las administraciones públicas para erradicar la oferta ilegal, garantizar el derecho a la vivienda y proteger a los consumidores. Con este objetivo, el Ministerio ha activado nuevas medidas complementarias, apoyándose en el trabajo de la Unidad de Análisis de Consumo, que recopila información y presta asistencia técnica a otras autoridades competentes.
A este conjunto de actuaciones se suman los expedientes sancionadores ya abiertos por Consumo. En diciembre de 2024, se inició un procedimiento contra una plataforma de alquiler turístico por publicidad irregular del número de licencia. En febrero de 2025, se abrieron nuevos expedientes contra grandes gestoras de pisos turísticos por no informar adecuadamente sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores. Además, el pasado 27 de marzo se inició otro expediente sancionador a una importante inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos.
