Las entidades locales de la provincia de Málaga podrán invertir hasta 153 millones de euros de su remanente de tesorería durante los años 2026 y 2027, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto-ley que permite destinar el superávit de 2024 a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).
Esta medida beneficiará a los municipios malagueños con remanente positivo y a la Diputación Provincial, y permitirá reforzar las partidas presupuestarias destinadas a la prestación de servicios públicos fundamentales, sin que estas inversiones computen en la regla de gasto de los ejercicios 2026 y 2027.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que esta iniciativa refleja la “apuesta municipalista del Gobierno de España” y su compromiso con la financiación local. En este sentido, ha subrayado que entre 2018 y 2024 el Ejecutivo central ha incrementado un 40% las entregas a cuenta a las entidades locales malagueñas a través de la Participación en los Tributos del Estado, frente al 14,8% de aumento de los fondos PATRICA por parte de la Junta de Andalucía en el mismo periodo.
Según Salas, la medida permitirá a los ayuntamientos y a la Diputación impulsar la actividad inversora y prestar “servicios públicos de calidad, esenciales para los vecinos y vecinas de la provincia”, gracias al uso de los remanentes generados en ejercicios anteriores.
Inversión con impacto positivo en la sostenibilidad
El Real Decreto-ley establece que los proyectos de Inversión Financieramente Sostenible deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026. En caso de que no puedan ejecutarse en su totalidad antes de esa fecha, la parte pendiente podrá comprometerse en 2027, con cargo al remanente de tesorería del ejercicio anterior y dentro del límite del superávit generado en 2024.
Las IFS son aquellas inversiones que tienen un impacto positivo y duradero en la sostenibilidad de las finanzas públicas, garantizando el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Para acogerse a esta posibilidad, las administraciones deberán cumplir además con los plazos legales de pago a proveedores.
En el caso de las entidades locales, estas inversiones podrán destinarse a servicios esenciales como el abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de residuos, alumbrado público, infraestructuras de transporte, centros educativos, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o proyectos vinculados a la sociedad de la información, entre otros ámbitos.
Por su parte, las comunidades autónomas podrán emplear estos fondos en actuaciones relacionadas con la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático o inversiones que permitan evitar gastos recurrentes y generar ahorros en el futuro, siempre dentro de sus competencias.
