El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que contempla un paquete de ayudas por valor de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. La medida tiene como objetivo agilizar el apoyo económico inmediato a los afectados y evitar las demoras habituales de los procedimientos ordinarios de los seguros.
El plan ha sido presentado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras la reunión del Consejo de Ministros. El decreto articula un sistema de ayudas directas inmediatas y de anticipos de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil, que se suman a los derechos ya reconocidos en el ordenamiento jurídico a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares.
Según ha explicado el ministro, la finalidad es cubrir las necesidades urgentes que surgen en los días y semanas posteriores a una tragedia de este tipo. “Los tiempos administrativos y judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido un accidente”, ha señalado Puente, subrayando que las víctimas no pueden esperar años para afrontar gastos médicos, tratamientos psicológicos, desplazamientos o la reorganización de su vida cotidiana.
Las ayudas aprobadas serán compatibles con las indemnizaciones obligatorias de los seguros y estarán exentas de tributación, por lo que se percibirán de forma íntegra. El montante total se reparte en 10 millones de euros para ayudas urgentes y otros 10 millones destinados a anticipos de las indemnizaciones.
Cuantía de la ayuda
En los casos de fallecimiento, se concederá una ayuda directa de algo más de 72.000 euros por cada víctima, a la que se sumará un anticipo de la misma cuantía correspondiente al seguro. Para los supuestos de lesiones, las ayudas se estructuran en función de la gravedad, con importes que oscilan desde algo más de 2.400 euros en los casos leves hasta más de 84.000 euros en los de máxima gravedad, cantidades que se replican igualmente en los anticipos del seguro.
“El objetivo es garantizar que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además del dolor personal, una situación de angustia económica o de desamparo institucional”, ha afirmado el ministro, quien ha insistido en que el Estado debe anticiparse y actuar con humanidad ante este tipo de tragedias.
Puente ha anunciado además el inicio de modificaciones normativas para que este tipo de mecanismos se integren de forma estructural en el ordenamiento jurídico español. La intención es que el Estado pueda asumir de manera anticipada un porcentaje de las indemnizaciones derivadas de accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de responsabilidades civiles.
Por último, el ministro ha reiterado el compromiso del Gobierno con la transparencia y con el esclarecimiento de los hechos. “Dar explicaciones es una forma de respeto hacia las víctimas y sus familias”, ha concluido, asegurando que se seguirá trabajando tanto para aclarar lo ocurrido como para reforzar la seguridad ferroviaria y garantizar una atención integral a los afectados.
