El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Estepona al pago de 1,2 millones de euros, más los intereses legales, a raíz de un convenio urbanístico suscrito en 2005 con una promotora durante el mandato de un gobierno municipal socialista.
El fallo judicial tiene su origen en el acuerdo alcanzado para el desarrollo de la finca ‘Cortijo la Teja’, el cual requería una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, el convenio nunca llegó a ejecutarse por contravenir la legislación urbanística entonces vigente, concretamente la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Según consta en diversas sentencias, la empresa promotora aportó un total de 1.225.242,99 euros a cambio de aprovechamientos urbanísticos que finalmente no se materializaron. Estas cantidades fueron utilizadas por el Ayuntamiento en gastos corrientes, principalmente para abonar nóminas del personal municipal, lo que vulneró claramente la normativa urbanística autonómica.
La mercantil afectada inició en 2017 un proceso judicial solicitando la nulidad del convenio firmado el 5 de diciembre de 2005, así como del acuerdo plenario que lo aprobó el 20 de diciembre de ese mismo año. En su reclamación, exigía la restitución íntegra de las cantidades abonadas, junto a los intereses correspondientes, por el incumplimiento de los términos pactados.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado el 28 de noviembre de 2006, ya limitaba el crecimiento del suelo urbanizable a un máximo del 40 % sobre el suelo urbano existente. La sentencia recoge que en aquel momento el Ayuntamiento de Estepona superaba esa cifra, tras haber firmado múltiples convenios similares, lo que ya imposibilitaba la viabilidad del acuerdo sobre la finca La Teja. A pesar de ello, el Ejecutivo socialista no procedió ni a la anulación del convenio ni a la devolución del dinero.
Este nuevo revés judicial se suma a una larga lista de consecuencias económicas derivadas de la gestión urbanística del anterior equipo socialista, que sigue lastrando las arcas municipales. A la llegada del actual alcalde, José María García Urbano, en 2011, se encontró una deuda global de 304 millones de euros, por lo que se vio obligado a establecer un fondo de previsión para sentencias desfavorables ante la elevada litigiosidad por impagos heredados.
De esta deuda, más de 30 millones correspondían a facturas impagadas a proveedores, según datos municipales. En lo referente a los convenios urbanísticos, muchos de ellos nunca se ejecutaron y los importes recibidos fueron destinados a afrontar la difícil situación económica del Consistorio, en una época en la que incluso se carecía de recursos básicos para el funcionamiento de los servicios públicos, como material higiénico en las guarderías.
