La Guardia Civil ha detenido este sábado en el puerto de Ceuta a un ciudadano español residente en la ciudad autónoma y a una mujer migrante indocumentada cuando presuntamente trataban de embarcar en un ferry con destino a la Península utilizando un DNI que no pertenecía a ella.
La intervención se produjo durante la tarde en la zona de preembarque de vehículos. Según fuentes policiales citadas por ABC, el hombre llevaba a la mujer en su vehículo cuando los agentes procedieron a comprobar la documentación de ambos.
En ese momento, la mujer presentó un Documento Nacional de Identidad que correspondía a otra persona. El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, mientras que a ella se le atribuye un presunto delito de usurpación del estado civil.
El caso no sería aislado. Según la misma información, la Policía Nacional ha practicado durante los últimos días varias detenciones en la estación marítima de Ceuta en circunstancias similares. Los investigadores sospechan que podría existir una red que estaría proporcionando o vendiendo DNI a personas migrantes para facilitar su desplazamiento desde la ciudad autónoma hacia otros puntos de España.
Sospechas sobre una red de venta de documentos
Esta práctica ya habría sido advertida en un informe del Cenif de la Policía Nacional, cuyo contenido fue adelantado por ‘El Confidencial’. Las fuerzas de seguridad investigan ahora si detrás de los distintos casos detectados existe una estructura organizada que estaría tratando de obtener beneficios económicos aprovechándose de la situación de estas personas.
El puerto de Ceuta se ha convertido en uno de los principales puntos de vigilancia. Además de albergar un campamento con capacidad para 1.700 migrantes, constituye una de las principales vías de comunicación marítima entre la ciudad autónoma y la Península.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detectan, según estas fuentes, alrededor de una decena de migrantes al día intentando acceder de manera irregular a vehículos o embarcaciones con el objetivo de viajar hacia otros puntos del territorio español.
Ante esta situación, la vigilancia en el recinto portuario se ha reforzado en las últimas horas con 25 agentes de la Guardia Civil, que trabajan junto a la Policía Portuaria en el control de una zona considerada especialmente sensible.
