La política española afronta este viernes una jornada de especial relevancia. El Congreso de los Diputados celebra desde las 11.00 horas un Pleno extraordinario para decidir la convalidación o derogación de los dos reales decretos-ley en materia de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros.
La votación llega con una aritmética especialmente complicada para el Gobierno. Junts ha anunciado que votará en contra de ambos textos si el Ejecutivo no los retira, una petición que el Gobierno ha rechazado. El Consejo de Ministros mantiene su intención de someterlos a votación pese a conocer el rechazo de la formación catalana.
Por ahora, Pedro Sánchez no ha convocado elecciones generales ni existe un anuncio oficial de que vaya a hacerlo. La posible derrota parlamentaria ha reabierto, no obstante, el debate político sobre un adelanto electoral y sobre las consecuencias que podría tener para la legislatura el rechazo de las dos medidas.
Los decretos llegan al Congreso después de varias jornadas de movilizaciones por la situación de la vivienda. El primero incorpora medidas dirigidas a proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible, con actuaciones fiscales, protección de arrendatarios, regulación de grandes tenedores y una suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables. El segundo pretende reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
Junts anuncia su rechazo a los dos textos
La posición de Junts terminó de complicar el escenario durante la noche del jueves. La formación reclamó la retirada de ambos decretos para negociar nuevos textos y anunció su voto negativo en caso contrario. Entre sus argumentos sostiene que algunas medidas pueden reducir la oferta de alquiler y provocar un incremento de los precios, una interpretación que el Gobierno rechaza.
El Ejecutivo ha decidido mantenerlos. Fuentes gubernamentales han defendido que los textos son fruto de meses de trabajo y negociación para intentar incorporar las posiciones de diferentes grupos parlamentarios.
Los apoyos tampoco serán idénticos en ambas votaciones. Podemos ha confirmado que respaldará los dos decretos, pese a considerar insuficientes las medidas. El PNV, por su parte, apoyará de forma crítica el primero de los textos y rechazará el segundo, relativo a la renovación de los contratos de alquiler.
El 29 de noviembre como fecha hipotética
El complicado escenario ha llevado a plantear qué calendario se abriría si Sánchez optara por disolver anticipadamente las Cortes. En ese supuesto, el domingo 29 de noviembre de 2026 aparece como una de las primeras fechas posibles para celebrar elecciones si la convocatoria se produjera de manera inmediata. Se trata únicamente de una hipótesis y no de una fecha anunciada por el Gobierno.
La clave está en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Cuando el presidente del Gobierno ejerce la facultad de disolución anticipada, el decreto de convocatoria se publica al día siguiente de su expedición y las elecciones deben celebrarse 54 días después de la convocatoria.
Para que los comicios fueran el domingo 29 de noviembre, el decreto tendría que publicarse el martes 6 de octubre. A partir de ese momento comenzaría oficialmente el calendario electoral.
En ese escenario, las candidaturas se presentarían durante octubre, la campaña electoral arrancaría a mediados de noviembre y, después de los quince días establecidos legalmente, el sábado 28 quedaría reservado como jornada de reflexión antes de la votación. La LOREG establece una duración de quince días para la campaña electoral.
El rechazo no obliga jurídicamente a convocar elecciones
Que los decretos puedan ser rechazados este viernes no implica jurídicamente la convocatoria automática de elecciones. Una derrota parlamentaria en su convalidación no equivale a una moción de censura ni obliga al presidente del Gobierno a disolver las Cortes.
El posible adelanto pertenece, por tanto, al terreno de las decisiones políticas que Sánchez podría adoptar posteriormente. La potestad para promover una disolución anticipada corresponde al presidente dentro de los límites establecidos por la Constitución y la legislación electoral.
El PP también ha convertido la situación en argumento político y ha defendido la convocatoria de elecciones en caso de que los decretos no prosperen. Esa reclamación forma parte de su posición política y no constituye una consecuencia legal del resultado de la votación. El partido ya ha anunciado su rechazo a los textos de vivienda.
Así, la primera decisión llegará este viernes en el Congreso: saber si los dos decretos logran suficiente respaldo para continuar vigentes. Solo después podrá conocerse qué lectura hace el Gobierno de una votación que vuelve a poner a prueba sus apoyos parlamentarios y que ha reactivado las especulaciones sobre un posible adelanto electoral.
