El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha negado este jueves que diera alguna orden para que la Policía Nacional no interviniera durante la acampada por el acceso a la vivienda instalada en la plaza de la Constitución y ha defendido que la ocupación de la vía pública es competencia de la Policía Local.
La respuesta llega después de que los diputados nacionales del PP de Málaga registraran una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados para esclarecer si Salas había dado instrucciones a la Policía Nacional para no actuar durante los incidentes registrados en torno a la acampada, que comenzó tras la movilización del 28 de septiembre.
“No ha habido ninguna orden de esta Subdelegación para que la Policía Nacional no intervenga”, ha asegurado Salas, que también ha rechazado las sospechas planteadas por los populares y ha defendido la profesionalidad de los agentes.
El subdelegado ha explicado que la Policía Nacional cuenta con sus propios protocolos de actuación y competencias y ha insistido en que la ocupación de la vía pública corresponde a la Policía Local.
Según Salas, la Policía Nacional debe intervenir ante cuestiones relacionadas con el orden público y la seguridad ciudadana, por lo que ha asegurado que actuaría en caso de producirse algún problema de esas características.
El representante del Gobierno ha afirmado además que no entiende las dudas planteadas por el PP sobre una posible orden suya y ha asegurado que tampoco tendría capacidad para dar una instrucción de esas características. “Cada policía tiene sus competencias”, ha señalado antes de asegurar que las relaciones entre la Policía Nacional y la Policía Local son “excelentes”.
El PP llevó el asunto al Congreso
Los populares habían solicitado este jueves al Gobierno que aclarara si Salas impartió alguna “orden, instrucción, directriz o indicación”, verbal o escrita, para que la Policía Nacional no interviniera durante la instalación de las tiendas de campaña en la plaza de la Constitución.
El PP también pregunta quién adoptó la decisión sobre la actuación policial en caso de que no procediera directamente del subdelegado y si la movilización había sido comunicada previamente a la Subdelegación del Gobierno, incluyendo la ocupación continuada de la plaza y la instalación de la acampada.
Salas ha respondido criticando el planteamiento de los populares y ha considerado que sus acusaciones cuestionan también la profesionalidad de la Policía Nacional.
El subdelegado ha acusado además al PP de plantear el debate desde una posición contraria a los manifestantes y ha sostenido que, si dependiera de los populares, optarían por “desalojar por la fuerza” a quienes participan en una protesta vinculada al problema de la vivienda.
Estas afirmaciones responden a las críticas realizadas previamente por el concejal popular Carlos Conde, quien había acusado a Salas de “sectarismo” y sostenido que la actuación durante la acampada planteaba dudas sobre la coordinación policial y la seguridad ciudadana.
Salas lleva el debate al problema de la vivienda
En su respuesta, el subdelegado también ha centrado parte de sus declaraciones en la situación de la vivienda en Málaga, que ha calificado como un problema “muy grave”, y ha responsabilizado políticamente de su evolución tanto al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, como al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Salas ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno central y ha mencionado tanto la Ley de Vivienda como los reales decretos aprobados por el Ejecutivo.
En concreto, ha destacado que en la provincia de Málaga hay 74.050 contratos de alquiler que podrían acogerse a la prórroga prevista por el real decreto-ley aprobado por el Gobierno. La provincia encabeza las cifras de Andalucía, donde el cálculo alcanza los 263.222 contratos.
Salas ha cifrado en alrededor de 185.000 personas los posibles beneficiarios en Málaga y ha reclamado al PP que aclare cuál será su posición cuando la medida llegue al Congreso.
El subdelegado ha cerrado su intervención cuestionando si el PP apoyará estas medidas y acusando a la formación de actuar en contra de los intereses de los malagueños, una valoración política que ha realizado en el contexto del enfrentamiento abierto por la actuación policial durante la acampada.
