La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga la matriz de una compleja trama criminal a la que atribuye el expolio de bienes por valor de 160 millones de euros pertenecientes a la masa activa de un potente conglomerado empresarial del sector de la construcción declarado en concurso de acreedores.
La actuación corresponde a la segunda fase de la operación Drave y se ha saldado con una decena de nuevos arrestos. Entre los detenidos figuran varias personas allegadas a los fundadores de las empresas concursadas que, presuntamente y mediante una red de testaferros y sociedades interpuestas, promovieron operaciones fraudulentas para vaciar el patrimonio y desviar fondos en perjuicio de los acreedores.
La investigación ha elevado considerablemente las dimensiones del supuesto saqueo. Si en la primera fase se cifró inicialmente en unos 100 millones de euros, las pesquisas sitúan ahora en 160 millones el valor de los bienes de la masa activa expoliados, una cantidad que incluso supera los aproximadamente 150 millones de deuda impagada a los acreedores.
En esta nueva fase se han practicado dos registros en la provincia de Málaga, en los que los agentes intervinieron joyas valoradas en más de 200.000 euros. También se han bloqueado activos financieros en nueve entidades bancarias por un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones, entre terrenos de alto valor, viviendas, locales comerciales y garajes.
Diez detenidos y dos investigados
Los diez arrestados están relacionados con presuntos delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible y apropiación indebida. Otras dos personas figuran como investigadas en esta segunda fase.
Entre estas últimas se encuentran el administrador concursal, que ya había sido detenido durante la primera etapa de la operación, y un auxiliar delegado de la administración de una de las dos compañías concursadas.
La investigación comenzó en 2023 a raíz de una denuncia presentada ante la autoridad judicial. Las pesquisas están siendo desarrolladas por agentes del Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga, con el auxilio de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda y dentro de las diligencias instruidas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza número 3 de Málaga.
Según la Policía, las nuevas actuaciones han permitido delimitar un entramado que habría operado de forma paralela y se habría servido de una supuesta alianza con la administración concursal para conseguir activos de gran valor pertenecientes a las empresas quebradas.
Más de 28 millones antes del concurso
Los investigadores sitúan una primera parte de la operativa antes incluso de iniciarse el procedimiento concursal. En esta etapa se habrían producido operaciones de vaciamiento patrimonial superiores a los 28 millones de euros.
Entre las prácticas detectadas figuran supuestas simulaciones de contratos de prestación de servicios para eludir embargos inminentes de Hacienda, transferencias de dinero hacia empresas vinculadas a los investigados y ventas fraudulentas de activos inmobiliarios realizadas inmediatamente antes de solicitar el concurso.
Según las pesquisas, los sospechosos habrían aprovechado además las ganancias recibidas por las compañías concursadas para hacer frente a sus propias deudas personales.
La Policía sostiene que la actividad continuó posteriormente durante la fase de liquidación, cuando se habrían realizado nuevas operaciones de descapitalización con un perjuicio económico estimado en más de 30 millones de euros adicionales.
Subastas presuntamente adulteradas y ventas a precios ínfimos
Una de las claves de la investigación se encuentra en la forma en la que determinados bienes habrían terminado en manos de personas vinculadas a los fundadores del grupo.
Los agentes investigan la presunta adulteración sistemática de subastas públicas, además de ventas directas realizadas sin los requisitos de publicidad y con cláusulas de reversión supuestamente manipuladas.
Este mecanismo habría permitido, según la Policía Nacional, que bienes de elevado valor pasaran al patrimonio privado de los propios deudores por precios muy inferiores a los de mercado y libres de cargas, privando así al concurso de recursos que deberían haberse destinado al pago de acreedores y de la Hacienda Pública.
Los investigadores atribuyen un papel esencial a la presunta connivencia de integrantes de las administraciones concursales. Estos habrían ocultado la descapitalización previa al concurso, respaldado operaciones perjudiciales para la masa concursal, obstaculizado la adquisición de derechos de cobro por terceros y suprimido información de sus informes para esconder determinadas transmisiones.
Una primera fase con siete detenidos
La primera fase de la operación Drave ya se había saldado con siete detenidos y cuatro investigados, entre los que se encontraban el exdirector financiero del grupo empresarial y el administrador concursal designado judicialmente.
En aquella actuación se practicaron cuatro registros, fueron intervenidos 462.000 euros en efectivo, se bloquearon 2,5 millones de euros depositados en cuentas y se embargaron 173 inmuebles valorados en unos 140 millones.
Las pesquisas también apuntaron entonces al supuesto aprovechamiento de información privilegiada por parte del exdirector financiero para dirigir algunos de los activos más valiosos hacia sociedades controladas por la organización investigada.
Según la Policía Nacional, los procedimientos concursales habrían sido utilizados por la trama como un instrumento para ejecutar el vaciamiento patrimonial, en lugar de servir para proteger los activos y atender de forma ordenada las deudas de las empresas.
Los perjudicados por el concurso de acreedores de las compañías del conglomerado empresarial han constituido finalmente una plataforma de afectados en el juzgado.
