La Junta de Andalucía ha recibido 11 ofertas de empresas interesadas en hacerse con la concesión de la zona náutico-recreativa del puerto de Estepona, actualmente en fase de contratación y con un plazo inicial de explotación previsto de 30 años.
El procedimiento, gestionado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), busca seleccionar una propuesta para la ocupación, explotación y gestión de las instalaciones portuarias. La concesión establece además una inversión mínima de 10 millones de euros.
El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha enmarcado el proceso en la estrategia de modernización del sistema portuario andaluz, que combina las inversiones realizadas en los puertos de gestión directa con la renovación de las concesiones.
Desde 2019, la Junta cifra en 150 millones de euros los recursos movilizados para los puertos de gestión directa. Según el consejero, la colaboración público-privada permite incorporar nuevas inversiones, mejorar los servicios y favorecer un aprovechamiento más eficiente del dominio público portuario.
Un puerto con 447 amarres
El puerto deportivo de Estepona dispone de una superficie terrestre de 21.358 metros cuadrados y una lámina de agua de 35.978 metros cuadrados.
Dentro de la concesión se incluyen un muelle de ribera de 425 metros de longitud, distribuido en siete alineaciones; cinco pantalanes en la zona de levante, que suman 500 metros; y otros tres en poniente, con 240 metros de longitud.
En conjunto, las instalaciones cuentan con 447 puestos de atraque destinados a embarcaciones de entre 6 y 35 metros de eslora.
A estas infraestructuras se añaden aproximadamente 7.000 metros cuadrados construidos, con dos edificios destinados a locales comerciales, uno en levante y otro en poniente, además de torre de control, aseos, viarios, terrazas y espacios de usos múltiples.
El recinto dispone también de 272 plazas de aparcamiento.
Modernización de los puertos andaluces
El concurso se integra en la ruta estratégica 2026-2030 de los puertos gestionados por la APPA, que plantea como objetivos la optimización de los recursos y la consolidación de infraestructuras y servicios portuarios modernos y competitivos.
La estrategia contempla una mayor participación de la iniciativa privada en el desarrollo y explotación de las instalaciones mediante un modelo en el que la Administración mantiene las funciones de regulación y control sobre el dominio público.
El proceso abierto para el puerto de Estepona pretende, de este modo, favorecer la llegada de inversión privada destinada a modernizar las instalaciones y mejorar los servicios, incorporando criterios de sostenibilidad, digitalización e innovación.
