Los dos acusados de formar parte de un grupo criminal y supuestamente asesinar a tiros, tras recibir el encargo, a un empresario en Marbella en 2019 han negado este lunes su participación en estos hechos. Por contra, las acusaciones consideran que fue un crimen cometido por profesionales.
Un jurado popular juzga a estos dos hombres, para los que la Fiscalía y la acusación particular, en representación de familiares de la víctima, piden que se les condene a la pena de prisión permanente revisable por los delitos de pertenencia a grupo criminal, asesinato, tenencia ilícita de armas y daños mediante incendio.
El primer acusado en declarar se ha desvinculado del grupo criminal, radicado en Países Bajos, al que según las acusaciones pertenecían ambos procesados y que se dedicaba a actividades ilícitas contra la vida de las personas y sus bienes, y ha explicado que en su país fue investigado y detenido por pertenecer a un grupo «pero eso no era cierto».
«Yo no sabía nada de esas cosas», ha señalado, aunque sí ha reconocido que conocía a algunos investigados allí, que eran sus amigos o de su hermano o con los que tenía vínculos familiares, como el caso del otro acusado, cuyo hermano estaba casado con la hermana del otro, pero sin saber a qué se dedicaban, tal y como ha publicado Europa Press.
Ha asegurado que cuando sucedieron los hechos estaba en España porque había venido de vacaciones en coche para ahorrarse el vuelo con dos de esos amigos. Había alquilado una casa y estos se iban a quedar solo unos días en Marbella, para luego irse a Barcelona. En esa casa, los últimos días también estuvo su madre, ha declarado.
Ha admitido que puede ser que fuera a algunos de los locales de ocio del hombre asesinado porque estuvo en bares por Marbella y Puerto Banús; pero no sabía que eran de él. «Yo vengo de vacaciones y no voy a mirar quién es el dueño de un bar de copas», ha manifestado el acusado.
La noche de los hechos había quedado con una chica y por eso pidió prestado un coche, «por si ligaba con ella». Tras cerrar el local, él se iba a casa pero se dio cuenta de que había perdido las llaves, por eso constan muchas llamadas a un amigo que vivía en Marbella y que era quien tenía el contacto del dueño de la casa.
No sabe lo que hizo en concreto dos días después, cuando según las acusaciones los dos acusados habrían ido a coger el coche de un parking para quemarlo en otra zona, y ha explicado que no lo recuerda porque «fue un día normal de vacaciones». «Puede ser que quedara con el otro acusado», aunque ha incidido en que nunca había quemado ningún coche.
El otro acusado, que solo ha contestado a su defensa, ha declarado que tiene su exmujer y su hijo en España y que después de Navidades fue a Marbella en avión con una amiga y al tiempo se volvió a Holanda en coche con otras personas.
Ha negado que fuera a uno de los bares de la víctima, a su vivienda y que tuviera conocimiento o participara en el asesinato. También ha dicho que no tuvo nada que ver con el coche quemado que apareció días después y que no tiene vinculación con ningún grupo criminal.
Las defensas han coincidido en que ambos son inocentes y en pedir a los jurados que emitan un veredicto de no culpabilidad. Así, los letrados han señalado que en este procedimiento «hay mucha literatura» y la Policía «ha vertido muchas hipótesis», pero han insistido en que «no hay pruebas» que los sitúen en el lugar de los hechos cuando se produjeron.
Por contra, la fiscal del caso considera que fue «un crimen cometido por profesionales», al igual que el abogado de la acusación particular, quien ha dicho que los autores «no fueron nada descuidados» y que el empresario «fue asesinado salvajemente por la espalda».
Las acusaciones han indicado que aunque no haya pruebas directas, como huellas; sí «un cúmulo de indicios» contra los procesados, fruto de la especialización de la Policía en la resolución de este tipo de casos y de la eficacia de la cooperación internacional policial dentro de la Unión Europea.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, los acusados formaban parte de un grupo, radicado esencialmente en Países Bajos, que supuestamente se dedicaba a realizar «actividades ilícitas contra la vida de las personas y sus bienes».
«En el seno de dicha actividad delictiva del grupo, los procesados aceptaron el encargo de acabar con la vida» de la víctima, para lo que se desplazaron a España, realizando los días previos vigilancias de las inmediaciones del domicilio y locales de ocio de Puerto Banús regentados por el hombre.
La intención era, junto con al menos otro individuo del grupo, «darle muerte» a la víctima cuando cerrara sus negocios y regresara a su domicilio en el núcleo de población de San Pedro de Alcántara. Para llevar a cabo su plan, dice la acusación pública, los acusados tenían preparado un vehículo robado en Conil de la Frontera.
También consiguieron dos armas de fuego cortas aptas para el disparo. El día 21 de enero de 2019, sobre las 03.09 horas, los acusados, junto al menos otro miembro del grupo, fueron con gorros para ocultar el rostro hasta las inmediaciones del domicilio de la víctima, a la que abordaron cuando estaba aún en el vehículo.
Así, el ministerio fiscal sostiene que supuestamente dispararon al hombre, al que causaron una hemorragia interna que afectó a estructuras vitales y sistema nervioso central, provocando su inmediato fallecimiento. Tras esto, los acusados abandonaron inmediatamente el lugar.
El hombre «no tuvo posibilidad alguna de defenderse frente al ataque con armas de fuego, que se produjo de forma repentina e inesperada cuando aun estaba dentro de su vehículo sin posibilidad de escapatoria», dice esta acusación pública en su escrito provisional de calificación.
Según la Fiscalía, dos días más tarde, los procesados cogieron el vehículo de un garaje donde lo habían guardado y lo llevaron a una zona deshabitada conocida como Hacienda Los Canasteros en la carretera de Marbella a Ojén y le prendieron fuego, provocando un incendio que tuvo que ser extinguido.
El fiscal acusa a los dos hombres de los delitos de pertenencia a grupo criminal, asesinato, tenencia ilícita de armas y daños mediante incendio; solicitando que se le imponga prisión permanente revisable a cada uno, además de otros cinco años de cárcel. Como indemnización, insta a que paguen a la familia del fallecido la cantidad de 245.000 euros.