
Javier Luque, el Bombero de Estepona que inició una huelga de hambre el pasado 13 de julio, ha decidido por salud terminar con esta situación después de haber estado más de 15 días alimentándose solo con líquidos. La decisión fue tomada después de que desde el Consorcio Provincial de Bomberos decidieran arrebatarle un complemento de su salario, a él y a todos los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Estepona. Algo que él considero «una pataleta» de la administración después de que perdieran un juicio contra los trabajadores por, según éstos, «vulnerar sus derechos fundamentales».
Y es que el Sindicato Andaluz de Bomberos está totalmente a favor de lo opinado por parte del bombero de Estepona, y alega que están cansados de las represalias que sufren los trabajadores. «La mayoría de las administraciones locales y especialmente los consorcios usan el servicio de bomberos a moda de presunta agencia de colocación y no dudan en usar dinero público para agredir a nuestros representantes incluso adoptando medidas que son parlamentariamente contrarias a derecho«.
Desde el Sindicato han mencionado el caso de Javier Luque, lo que para ellos fue la gota que colmó el vaso: «Tenemos un compañero en huelga de hambre desde el pasado 13 de julio por una resolución manifiestamente injusta, y aunque pidió audiencia en la Mesa General de Negociación donde el gerente mostró su disconformidad no se permitió que nuestro compañero rebatiera siquiera esta decisión con argumentos jurídicos».
Alegan que están cansados de las presuntas represalias a los trabajadores y afirman que a los altos responsables les resulta fácil quitarles un derecho o realizar un acto administrativo injusto. «En el momento que se inician estas injustas acciones el trabajador ya ha perdido, pues desde el juicio en primera instancia (de dos a tres años) hasta la firmeza en instancias superiores pueden pasar de cinco a siete, años de quebranto psíquico y monetario, si no estás arropado por una central sindical que te sufrague la asistencia jurídica. ¿Qué les pasa a los altos responsables si se demuestra que no llevaban razón aunque la cuestión fuera palmaria desde sus inicios? ¡¡NADA!! Se condenará en costas a la administración, o sea a todos los ciudadanos, y ellos se marcharán para sus casas con media sonrisa a sabiendas que ya te han hecho la vida más difícil durante unos años», declara el Sindicato.
Unos 600 euros menos de sueldo
El Complemento Personal Transitorio se elimina a partir de ahora a estos funcionarios, lo que le restaría a su salario más de 600 euros.
Curiosamente, el Consorcio defendió dicho derecho ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual le dio la razón en sentencia firme hace unos años. Ahora, curiosamente, de oficia especula que los acuerdos de integración son ilegales y aplica una medida cautelar, la cual elimina dicho derecho, el cual defendió en un primer momento ante la justicia y cuyos acuerdos fueron firmados por Elías Bendodo Benasayag, Expresidente de la Excma.
Diputación de Málaga en representación del CPB Málaga y por José María
García Urbano, en representación del Ayto. de Estepona.
«Nosotros entendemos que la situación que vive nuestro compañero Javier puede ser presuntamente debido al resultado de represarías ejercidas por la cúpula del Consorcio de Bomberos de Málaga ante las acciones sindicales tomadas por el SAB que han llevado a perder en los tribunales varias cuestiones incluso por vulneración de derechos fundamentales», afirman estos representantes sindicales.