La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha defendido la acción que lleva realizando el Gobierno andaluz contra la sequía y ha instado al Ejecutivo central a que haya un nuevo marco normativo a nivel nacional «ambicioso y adaptado a la situación», en el que la base sea «la solidaridad», principio que, ha dicho, «no existe en la legislación actual».
«Los grandes conflictos territoriales a día de hoy, como la sequía se recrudezca o se agrave, no van a venir por la lengua o por otras cuestiones similares, pueden venir precisamente por el agua. Y eso es lo que desde el Gobierno se tiene que conciliar e intentar legislar», ha asegurado Navarro en una entrevista con Europa Press.
Navarro ha asegurado que la Junta de Andalucía «más que está haciendo no puede hacer y posiblemente a esta sequía hemos llegado con menos impacto del que podía tener por los tres decretos de sequía que han permitido obras y movilizar inversiones sin los procedimientos convencionales, sino por urgencia».
Pero, ha lamentado que «a nivel estructural podíamos estar mucho mejor si diez o 20 años antes se hubiera cumplido con las planificaciones hidrológicas».
COLABORACIÓN
Así, ha indicado que la colaboración del conjunto de otras administraciones, como son los ayuntamientos o la Diputación «en términos generales la tenemos», apuntando que «cuando se ha establecido las últimas medidas de ahorro rápidamente cada ayuntamiento ha ido aprobando las que ha considerado oportunas en el marco de su autonomía local y se están viendo los resultados».
«Ahora bien, en todo este esfuerzo siempre ha habido una ausencia muy notable, que es la del Gobierno de España, y no es menor porque hay muchas infraestructuras en los programas de medidas de las planificaciones hidrológicas que están consideradas de interés general y por tanto corresponden al Estado», ha aseverado la delegada.
Asimismo, ha apuntado que por otro lado «ha faltado un marco normativo ambicioso y adaptado a la situación actual que permita planificar la gestión del agua con este escenario de cambio climático y de sequía severa en el que estamos».
Al respecto, ha considerado que «el reto de futuro para el agua es, sin lugar a dudas, un nuevo marco normativo a nivel nacional que permita adaptar todas esas planificaciones a este escenario de sequía que va a ser continuo, constante y que lo vamos a tener cada dos por tres presente de forma recurrente».
Según Navarro, «ahora posiblemente terminemos este periodo de sequía en este año o el que viene y volveremos a vivir otro igual o más duro que este, en poco tiempo, en menos tiempo de lo que se produjo con respecto al anterior».
SOLIDARIDAD
«Y para eso hay que estar preparados y la base es la solidaridad, el principio de solidaridad que no existe en el marco normativo actual», ha manifestado, indicando que el PP tiene «una propuesta que es un Plan Nacional del Agua, como ya tuvimos en su día y el presidente socialista Jose Luis Rodríguez Zapatero derogó».
Ha insistido en que la Junta de Andalucía está «en el techo de nuestras posibilidades» en cuanto a medidas y actuación contra la sequía, porque, ha incidido, «estamos haciendo todo lo que estaba previsto en los programas de medidas».
«Y lo que no se está haciendo es porque corresponde al Gobierno de España», ha apostillado, recordando por ejemplo que la Junta tiene «hace por lo menos tres años, 50 millones de euros para todas las conexiones que permitirían un trasvase, ahora mismo no se podría hacer, pero en el momento en el que hubiera agua en Iznájar (Córdoba), para facilitar no solo llevar agua para consumo humano a municipios que ya llevan años sufriendo cortes».
Con esto, ha defendido, también se estaría facilitando «que los acuíferos pudieran respirar y pudieran mejorar su estado, que actualmente están absolutamente esquilmados». «Pero eso depende de una decisión del Consejo de Ministros que llevamos exigiendo desde el inicio de la anterior legislatura», ha insistido la delegada del Gobierno andaluz.
No obstante, Navarro ha señalado que «hemos ido por delante y se ha aprobado la redacción de un proyecto, y estamos dando pasos previos a aprobar la licitación de las obras, que no podremos hacerlo si no está autorizada la transferencia de agua».
Asimismo, ha indicado que se están pidiendo «ahorro» en el consumo de agua y tomando unas medidas que «son necesarias, pero no dejan de ser duras para algunos sectores», como el agrícola; mientras, paralelamente, «con cada decreto de sequía se está movilizando dinero que si no es con esta fórmula no se podía movilizar de manera tan rápida y tan directa».
AGRICULTURA
Además, ha apuntado que al sector de la agricultura «se le ha puesto a disposición un recurso que nunca han tenido, que es el agua regenerada», lamentando que «nos podíamos haber adelantado a este periodo de sequía si gobiernos socialistas anteriores hubieran previsto esos tratamientos terciarios que permiten sacar el agua en perfecto estado para poder regar los cultivos».
Sobre la desaladora de la Axarquía, ha apuntado que el anuncio del Gobierno para llevarla a cabo «llega tarde, porque estaba prevista hace más de diez años en la planificación hidrológica» y también «llega mal porque cuando ya hizo ese anuncio una semana antes de empezar la campaña de las municipales ya había tres empresas privadas dispuestas a presentar un proyecto y correr con esa inversión».
No obstante, ha asegurado que hay un diálogo abierto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para ver «cómo abordar esa infraestructura», aunque ha apuntado que «desde nuestro punto de vista todo lo que sea iniciativa privada siempre va mucho más rápido».