
El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha acordado el sobreseimiento de la causa abierta contra el expresidente del Marbella Fútbol Club, el empresario de origen ruso Alexander Grinberg, al que la Fiscalía contra la Corrupción acusó de liderar una red de la mafia rusa en la Costa del Sol.
Así, siete años después de arrancar la investigación, en un auto fechado el 17 de julio en Marbella, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Miguel del Castillo ha exculpado tanto al que fuera presidente de la entidad deportiva marbellí como a las otras dieciocho personas investigadas en el mismo procedimiento.
Grinberg fue arrestado tras el verano de 2017 por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, y llegó a pasar varios meses en prisión provisional -desde el 26 de septiembre de 2017 al 8 de febrero de 2018- en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga).
Ante la falta de indicios que sustenten las acusaciones, el titular del Juzgado 1 de Marbella ha decretado el archivo del caso y de las actuaciones y ha levantado todas las medidas cautelares vigentes.
En su acusación, la Fiscalía Anticorrupción esgrimía que Grinberg, varios de sus socios y también de sus empleados, formaban parte del entramado criminal trasnacional de la Tambovsko-Malyshevskaya, la Solntsevkaya y la Izmailovskaya, organizaciones rivales en Rusia pero asociadas para delinquir en España.
Sin embargo, el magistrado Del Castillo considera que esta asociación con la mafia rusa no ha quedado probada durante la instrucción ya que, a su juicio, se sustentaba en “relaciones ocasionales” mantenidas por los acusados con “personas de dudosa reputación” y en “situaciones de la vida sin trascendencia penal”, lo que “no es suficiente como para deducir indicios de responsabilidad criminal”.
Por otro lado, tampoco cree el juez que los delitos económicos que se les atribuían a los acusados, tales como el blanqueo de capitales o la procedencia ilícita del dinero, hayan sido demostrados.
“Si bien no podemos afirmar al cien por cien que todo el capital invertido por los investigados en España proceda de ingresos legítimamente obtenidos de su actividad profesional en Rusia, la realidad desde un punto de vista jurídico es que tampoco podemos afirmar lo contrario”, concluye al respecto.
“La hipótesis incriminatoria construida por la inicial querella del Ministerio Fiscal respecto de los investigados no puede prosperar con evidencia mínima como para continuar el procedimiento”, ha precisado en el auto el juez, que para llegar a esa conclusión ha tenido en cuenta, entre otros, los informes de la de la Agencia Española de Administración Tributaria.