La deuda del Ayuntamiento de Estepona, que en 2011 ascendía a 304 millones de euros tras el último gobierno del PSOE. Por primera vez en la última década, queda reducida a menos de 50 millones. El Consistorio esteponero ha pagado en los últimos 12 años un total de 255 millones, dejando el saldo de la deuda «heredada» en 49.470.128 euros.
El alcalde, José María García Urbano, ha valorado positivamente este hito, ratificando su compromiso de eliminarla completamente. «Nuestro compromiso firme es reducirla a cero para que, en ese momento, el Ayuntamiento de Estepona pueda llevar a cabo una importante bajada de impuestos«.
Pese a este avance económico, el primer edil lamenta que el Consistorio se haya visto obligado a destinar tal cantidad de recursos para pagar deudas atrasadas: «Mientras tanto, seguiré reflexionando sobre todo lo que se podría haber hecho estos años en la ciudad si no hubiésemos tenido que lidiar con este lastre económico, fruto de la irresponsabilidad y la mala gestión», ha afirmado.
La previsión del actual gobierno municipal es que durante este 2023, el Ayuntamiento amortice 15,4 millones de euros, con lo que a finales de este año, la deuda quedará en 35 millones de euros y se habrá pagado el 90% de la deuda que existía en 2011, año en el que García Urbano llegó a la Alcaldía.
Durante 2022 se pagaron anticipadamente 9,3 millones a la Seguridad Social para saldar por completo los 60 millones de deuda heredada con esta entidad.
Anteriormente, se abonaron por completo otras deudas como los 33 millones de las facturas no contabilizadas o ‘facturas en los cajones’, los 18 millones de deuda con la Agencia Tributaria, los 8 millones que se adeudaban a la concesionaria del servicio municipal de agua, y la deuda que existía con la Junta de Andalucía por subvenciones no justificadas o usadas indebidamente.
Desde 2011, las arcas municipales vienen pagando una deuda bancaria de 84 millones de euros, en parte generada por el Plan de Pago a Proveedores, una línea de financiación a la que se tuvo que acoger para poder pagar a las empresas que habían habían prestado servicios al Ayuntamiento entre 2009 y 2011, y que no habían cobrado nada por los trabajos realizados.