La mayoría de los acusados en el caso Astapa citados hoy en el segundo bloque del juicio, dedicado a los pagos y contraprestaciones presuntamente recibidas a cambio de licencias urbanísticas, se han acogido a su derecho a no declarar.
En el banquillo de los acusados, además del exalcalde Antonio Barrientos, se han sentado su jefe de gabinete, José Flores, el arquitecto municipal Arturo Manuel Cebrián y siete empresarios, entre otros, además del exedil de Hacienda del PES, Manuel Reina.
Este último, que al principio del proceso aceptó algunos de los hechos a cambio de dos años y medio de prisión, en un acuerdo con la Fiscalía, ha sido el único que ha respondido a las preguntas.
El exconcejal ha respondido sobre la comunicación que remitió a la Fiscalía en la que informaba sobre su disposición a colaborar y admitir algunos hechos; también ha contestado a preguntas sobre supuestas contraprestaciones por las obras del Club Oasis, y ha apuntado que era un momento de mucha actividad en Urbanismo.
Ha señalado que ante «la necesidad que teníamos de financiar gasto corriente, muchas veces en mi caso acudía a algunos empresarios para decirle: te agilizo la tramitación de tal licencia, sin que ello suponga algo ilegal, salvo el no respetar los plazos».
Reina ha apuntado que en este caso se pidió «si podían echar una mano» con inversión publicitaria y con otra cantidad para el PES.
El procesado ha relatado que «muchas veces ese ofrecimiento se quedaba ahí y en otras muchas las cosas salían no porque interviniese un concejal u otro sino porque la Administración funciona».
Por su parte, el arquitecto municipal sólo ha respondido a las preguntas de su abogado para manifestar que que su cambio de opinión en esa licencia «no tuvo razón espúrea». Algunos empresarios también han hecho una breve declaración: Armando Pérez para decir que siempre actuó con honestidad y dentro de la legalidad, y Jamal Satli Iglesias para quejarse de los perjuicios que le ha ocasionado este proceso, en el que asegura «no tener nada que ver».
La mayoría de los abogados defensores han cuestionado la idoneidad de este bloque ya que, al quedar anuladas las escuchas telefónicas, entienden que el escrito acusatorio se ha quedado sin pruebas.
El Fiscal, por su parte, ha decidido mantener las acusaciones porque hay «prueba documental» para mantener la acusación, entendiendo que aunque no puedan probarse los cohechos, sí puede demostrarse el tráfico de influencias con algunos documentos, especialmente los hallados en el registro al exalcalde.
Así, la acusación mantiene que en el Ayuntamiento de Estepona, antes y después de las elecciones de 2007, hubo ocasiones en que «se supeditó la concesión de licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales o favores de tipo personal«.
Tras la jornada de hoy, el juicio continuará el 21 de marzo con la declaración de un último testigo en este bloque, y después se abrirá la fase testifical.