El juicio por el caso Astapa, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona durante el mandato del socialista Antonio Barrientos, se reanudará el próximo 7 de marzo con la fase de prueba en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga.
El pasado 9 de enero arrancó este juicio con las cuestiones previas, que fueron planteadas por las partes durante seis días. En esta primera fase, se constató que todos los investigados podrán ver reducidas las penas propuestas por el fiscal a menos de la mitad, debido a la circunstancia atenuante de «dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento».
El juicio ha comenzado 16 años después del inicio de la investigación, algo que supone un atenuante para los investigados, que si no tienen antecedentes, no pisarán la cárcel.
El principal acusado es el exalcalde Antonio Barrientos, para el que se piden 10 años y 9 meses de prisión, y 38 años de inhabilitación. Con la reducción por dilación extraordinaria, se quedará en menos de tres años.
A partir del 7 de marzo se reanudará esta macro causa los lunes, martes y miércoles a partir de las 10:00 h. Como ocurrió en el caso Malaya, el proceso se dividirá en bloques para agilizar el proceso debido al número elevado de acusados y partes personadas.
En este caso, se han fijado diez bloques: el primero tratará sobre los convenios urbanísticos de planeamiento, y habrá que esperar al octavo para que se aborde la financiación de los partidos políticos.
En el escrito acusatorio del fiscal, que consta de 162 folios, se explica que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.
Caja B
El fiscal mantiene que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, «que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales».
Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores, lo que con frecuencia dio lugar a manipulaciones en el objeto de las correspondientes facturas o a la emisión de otros documentos falaces.
Los empresarios requeridos solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio y en los años siguientes se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística.