El excomisario jubilado José Manuel Villarejo está en la lista de testigos que declararán en el caso Astapa, cuyo juicio se inició este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga.
Con su declaración, se pretende aclarar si tuvo algo que ver en el origen del caso, y si fabricó pruebas para derrocar al gobierno socialista presidido por Antonio Barrientos con el fin de favorecer sus intereses, como sostienen la mayoría de las defensas.
Los abogados de los acusados han presentado una enmienda a la totalidad del procedimiento por las irregularidades que, consideran, se han cometido desde el inicio de la investigación.
Las defensas sostienen que, desde la denuncia inicial a las investigaciones policiales pasando por las escuchas o los registros están viciadas de nulidad, no son válidas y no lo son desde el inicio con lo que todo el caso estaría afectado y caería al completo.
Así, los letrados han manifestado que los informes policiales están «plagados» de irregularidades, inexactitudes y falsedades y que la mano de Villarejo podría haber movido los hilos de los agentes encargados del caso, por lo que la investigación «está viciada desde su origen».
Ante esta situación, la propia Fiscalía ha solicitado que se incorpore un nuevo bloque en la vista oral relativo al origen de la investigación.
El abogado y exalcalde Antonio Caba considera acreditada «la manipulación policial de la instrucción desde su propia génesis», por parte, supuestamente, de Villarejo y otro comisario, valiéndose al parecer de dos inspectores de Policía; por lo que pide que se declare nula la totalidad de la causa.
Sobre el nuevo bloque para revisar el origen de la investigación propuesto por la Fiscalía, el abogado ha dicho que no duda «de la buena fe del fiscal», pero ha apuntado que «poco encaje procesal tiene salvo que se hubiera aceptado la suspensión del juicio oral para practicar una investigación suplementaria como solicitamos varias defensas y fue rechazado por la Sala».
A ello se suma la prescripción solicitada por los abogados de los delitos imputados a algunos acusados. En más de un caso entre el hecho presuntamente cometido y la imputación pasaron más de diez años, por lo que en caso de existir delito, ya habría prescrito.