EFE
La Fiscalía ha solicitado este lunes al inicio del juicio del caso Astapa la inclusión de un nuevo bloque temático en el proceso con objeto de verificar el origen de la investigación y la validez de las fuentes de las pruebas, puesta en duda por las defensas.
En esta causa se juzga una presunta trama de corrupción urbanística y política en Estepona por la que se sienta en el banquillo el exalcalde socialista del municipio, Antonio Barrientos, entre medio centenar de acusados citados en una macrocausa que ha arrancado en la Audiencia Provincial de Málaga con las cuestiones previas.
La vista se inicia después de más de tres lustros desde que se destapara el caso y en ella al menos dos procesados se beneficiarán de un auto de sobreseimiento debido a la prescripción del delito por el que se les acusaba y otros, como el exconcejal Francisco José Zamorano, han reclamado acogerse a ese mismo beneficio.
La abogada del exalcalde Barrientos, María Gutiérrez, ha solicitado la nulidad de los autos que dieron pie a las escuchas telefónicas y ,con ellos, la nulidad de las pruebas que se obtuvieron a raíz de estas, a la luz del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para la letrada, que planteó cinco cuestiones previas en su intervención, se ha vulnerado el derecho fundamental a la privacidad y al secreto de las comunicaciones del exalcalde, ya que -a su juicio- esta medida se adoptó sin que hubiese indicio de criminalidad, sin control judicial y sin atender al principio de necesidad y proporcionalidad.
Gutiérrez ha incidido, así mismo, en la tesis ya planteada en su línea de defensa sobre la existencia de numerosas “irregularidades” en los informes policiales aportados en la investigación y ha vuelto a señalar al excomisario José Manuel Villarejo como responsable de ellas.
“Villarejo fabricó pruebas”, ha señalado la letrada, y “contó con un grupo de policías para hacer informes falsos en el caso Astapa”, ha añadido para incidir en que el papel del excomisario, con acceso a información restringida de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e intereses inmobiliarios en Estepona, es clave en la instrucción de la causa.
Con la idea de restar validez a las pruebas, la defensa de Barrientos ha cuestionado, así mismo, la denuncia presentada ante la UDEF por los compañeros de partido del exalcalde -que dio pie a la investigación- al alegar que carece de datos que sustenten las acusaciones planteadas.
Con 351.114 folios y 774 tomos (128 principales y 646 piezas documentales), la fase de cuestiones previas se extenderá hasta el jueves 12 de enero y continuará los días 16 y 17 de este mismo mes, tras lo que el juicio quedará interrumpido hasta el próximo 7 de marzo, fecha en la que se reanudarán la vista con la fase de pruebas.
La investigación del caso Astapa comenzó en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron ante la UDEF un escrito en el que señalaban una posible trama de corrupción en el ayuntamiento de Estepona.
Las defensas de los demás acusados, cada uno con su casuística particular, se han sumado a las cuestiones previas planteadas por la defensa de Barrientos.