Este lunes, 9 de enero, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio por el caso Astapa, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona durante el gobierno PSOE-PES, presidido por el exalcalde socialista Antonio Barrientos.
Casi quince años después de las primeras detenciones, ha arrancado este proceso con unos 51 acusados en el banquillo. El principal investigado es el exregidor, para el que la acusación pide 10 años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación por los presuntos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Entre el resto de investigados se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales. La acusación pide el sobreseimiento para 37 de ellos.
Desarrollo del juicio
El juicio ha comenzado este lunes 9 de enero a las 10 de la mañana con el planteamiento de las cuestiones previas, que se prolongarán los días 10, 11, 12, 16 y 17 de enero, siempre en sesiones de mañana en la sala número 4 de la Ciudad de la Justicia de Málaga.
Las vistas se reanudarán a partir del día 7 de marzo con el inicio de la fase de prueba que tendrá lugar los lunes, martes y miércoles.
Como ya ocurriera con el caso Malaya, el proceso se desarrollará por bloques. El primero de los bloques que se enjuiciará será sobre los convenios urbanísticos de planeamiento y habrá que esperar hasta el apartado octavo para que se trate la supuesta financiación de partidos políticos.
Durante las sesiones se abordarán los distintos tipos de convenios, actuaciones en materia de disciplina urbanística, depósitos bancarios en Suiza y Andorra, contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento, supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias, presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas, financiación irregular de partidos políticos, incrementos patrimoniales y actuaciones irregulares de técnicos municipales.
Según la Fiscalía Anticorrupción, en el Ayuntamiento de Estepona existía una ‘caja B‘ que recibía aportaciones de empresarios y promotores con intereses en el municipio, en forma de donaciones o patrocinios de actividades. A cambio, y según la acusación, estos empresarios obtenían beneficios en los convenios urbanísticos.
Barrientos siempre ha defendido su inocencia y su actuación en todo momento «dentro de la legalidad», asegurando que nunca se enriqueció ni percibió nada más que sus retribuciones como alcalde. También denunció el exregidor que los informes policiales están «plagados de errores«, por lo que planteará la nulidad de muchas de las actuaciones.