María Helena Tomas es una de los miembros del Comité que rige la entidad urbanística de conservación de Guadalmansa, y una de las vecinas que se encuentra desesperada junto al resto de propietarios que pagan el mantenimiento de las zonas verdes públicas que cuentan junto a sus viviendas, suponiéndoles un gasto de 500 euros al año además de IBI de unos 1.000 euros. A pesar de aceptar esta condición porque es algo que se hace a nivel general y en muchas otras urbanizaciones de extrarradio, se encuentran con el problema de que de las cinco urbanizaciones, dos de ellas están reteniendo ese dinero y no están pagando para el mantenimiento de dichas zonas. Se trata del parque de la Torre de Guadalmasa, que se encuentra junto al Chiringuito Tikitano y al hotel Ikos. Un espacio de 40.000 metros cuadrados con un frente de 300 metros en la playa que es totalmente público y el cual pueden disfrutar todos aquellos que lo deseen, a pesar de que el mantenimiento corre a cargo de estos vecinos.
«Puede venir quien quiera y nosotros pagamos electricidad, alumbramiento, basura, jardinería y el desgaste que ocasiona el hecho de que venga tantísima gente. Tenemos el problema de que hay dos comunidades de las cinco que están reteniendo los fondos. Lo hemos denunciado pero el proceso es largo y no hemos tenido aún una resolución», añadió Tomas, quien agradeció también a Emma Molina, la portavoz del PSOE, que preguntara en el Pleno sobre este asunto, cuya respuesta por parte del alcalde fue que no conocían del caso: «Tenemos una cronología que desde el año 2016 hemos intentado que el Ayuntamiento nos escuche, reuniones del presidente de la entidad con el alcalde y de llamadas constantes, así que no puede decir que no sabe de nuestra situación».
Según estos vecinos, se sienten abandonados por parte del Consistorio, el cual, según ellos, los trata como un espacio privado cuando realmente no lo son de acuerdo con los estatutos. «Cada propietario paga alrededor de 500 euros al año por el mantenimiento del parque y alrededor de 1.000 euros de IBI. Entendemos que existe la entidad jurídica de conservación pero sentimos que estamos abandonados, sobre todo porque el alcalde nos prometió cuando fue elegido por primera vez que se haría cargado de este gasto paulatinamente, es decir, que una vez que todo se formalizara, se haría cargo del 10% el primer año, del 20% el segundo, hasta que se hiciera del 100%, porque reconoció que era un sistema bastante injusto, pero aquí seguimos esperando», ha recalcado.
Son muchos los obstáculos que se han ido encontrando en el camino todo este tiempo, ya que ni siquiera han logrado ponerse en contacto con los propietarios porque muchos de ellos son extranjeros y viven fuera y no les aportan sus correos electrónicos. «Estamos de manos atadas y sin saber qué hacer. Los que pagamos somos conscientes de que es una obligación. Seguimos intentando reducir los gastos lo máximo posible e intentar de todas formas que paguen», nos contaba esta vecina que, junto al resto de propietarios de las otras tres comunidades que sí pagan, se ven sin posibilidad de seguir manteniéndolo todo sin el pago de las otras dos comunidades.
Actualmente, se encuentran en proceso judicial y lo único que piden al Ayuntamiento es que los escuche y no digan que no saben lo que está pasando: «Le hemos escrito muchas veces y le dijimos con mucho respeto que si él no nos escuchaba lo harían los medios de comunicación. Nos sentimos abandonados».