Lo avisaron los transportistas al inicio del parón y ya se está convirtiendo en una realidad. En este tercer día de parón en el que las mercancías siguen sin moverse debido a las reivindicaciones que se están llevando a cabo por parte de los camioneros, las diferentes empresas andaluzas que representan a las cadenas de supermercados han solicitado formalmente al Gobierno que se garantice el buen funcionamiento de suministros de materias primas.
Una petición a la que se han visto obligados a tomar ante el recrudecimiento de las acciones destinadas a impedir que el transporte de mercancías por carretera pueda ofrecer sus servicios a las empresas del sector y la sociedad.
Por ello, las organizaciones han hecho un «llamamiento» a la responsabilidad de los convocantes para que no «alientes los actos vandálicos que en algunos puntos se están produciendo y evitar hacer pagar a los ciudadanos los problemas que la sociedad en su conjunto ya está sufriendo y que son consecuencia del actual contexto inflacionista y el complejo escenario internacional».
Si bien los supermercados están empezando a obtener importantes problemas en cuanto a falta de suministros y dificultad para abastecer los puntos de venta. «La Asociación desea recordar que este paro del transporte ha sido convocado por una organización muy minoritaria y que no cuenta ni con el apoyo del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ni de los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, la actuación cada vez
más beligerante de los convocantes, con bloqueos en puertos, lonjas, mercados mayoristas y centros logísticos».
«Solicitamos que el Gobierno adopte medidas con urgencia»
Ante la evolución de los acontecimientos, la cadena de valor del gran consumo traslada su firme compromiso con el abastecimiento de productos esenciales, por lo que ha solicitado al Gobierno que adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías.
«Con ese fin, se ha solicitado al Ministerio del Interior la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para frenar los actos vandálicos y las coacciones que están sufriendo empresas y profesionales para poder ejercer su derecho al trabajo».