La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido que se suspendan de manera «inmediata y temporal» todos los impuestos que gravan el gas, la electricidad y los carburantes ante el encarecimiento que están sufriendo los precios de la energía debido a la invasión de Rusia de Ucrania.
La OCU ha explicado en un comunicado que ha puesto en marcha una campaña para pedir la suspensión temporal de todos los impuestos de la energía y la intervención en los mercados que fijan el precio de la electricidad para amortiguar el efecto que la guerra está teniendo en los consumidores españoles.
La organización asegura que la guerra está teniendo un fuerte impacto en el mercado de la energía, lo que afecta muy especialmente a materias primas como el gas o el petróleo que dependen en gran medida de las importaciones rusas.
Recuerda que solo el 32 % de la energía generada en España en lo que va de mes depende de combustibles fósiles, situación que no ha impedido que la media del mercado mayorista haya alcanzado 378 euros el megavatio hora (MWh).
Así, OCU denuncia que el 68 % de la energía generada está recibiendo una remuneración «muy por encima de sus costes reales», y advierte que de mantenerse estos valores la factura media superaría en marzo 175 euros, frente a 110 en febrero.
Para frenar esta escalada, la organización solicita una intervención «urgente, firme y decidida» en los mercados energéticos, que pasa por suspender temporalmente todos los impuestos que gravan el consumo energético de los hogares.
Además, solicita introducir ajustes en el sistema de fijación del precio de la electricidad en el mercado mayorista, para sacar al gas de la ecuación.
Adicionalmente, cree que es necesario garantizar que la tarifa regulada o PVPC y el bono social cumplan su función de ofrecer tarifas con precios razonables al consumidor y a los consumidores vulnerables, desvinculando su precio de la evolución del mercado mayorista hasta que se modifique su funcionamiento.
Otras de las medidas solicitadas por la OCU incluyen terminar con la posición de dominio de los grandes grupos energéticos, mejorar la transparencia en las tarifas, simplificar el bono social y facilitar su acceso y mejorar la eficiencia energética de los hogares.